El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, señaló que la participación en política de responsables de graves violaciones a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los crímenes de lesa humanidad, vulnera los derechos de las víctimas.

Por eso pidió a la Corte que tumbe un aparte del Marco Jurídico para la Paz que determina que será mediante una ley posterior que el Congreso defina qué delitos son conexos a los delitos políticos y en consecuencia, quiénes pueden participar en política.

“Equivale a decir que no fueron criminales sino personas altruistas, que la lucha se justifica. Por eso lo dije, estamos ante una ‘constitucionalización’ de todas las formas de lucha”, dijo el Procurador.

Ordóñez dijo que los victimarios participen en política y luego puedan decir desde la institucionalidad su visión de los hechos y determinar políticas públicas, es una revictimización de las personas a quienes les hicieron daño.

“Viola el derecho a la justicia porque toma una concepción meramente restaurativa cuando lo que se exige son penas proporcionales. A delitos severos, penas severas, no trabajo social, señor Fiscal. Eso es lo que se exige a estudiantes de colegio”, dijo Ordóñez.

En su intervención, Ordóñez estimó que la participación en política de responsables tal y como está “no centra a las víctimas en el proceso de paz” ni piensa en ellas, sino que crea impunidad y un caldo de cultivo para futuros victimarios que creerán que no importa los delitos que cometan, igual podrán hacer política.

“El mensaje de fondo es que el crimen sí paga. La soberanía de un Estado existe para proteger a los habitantes que residen en su territorio y no para amparar a quienes han violado los derechos humanos o desconocido los mínimos establecidos en el derecho internacional humanitario”, precisó.