Con amplias mayorías, pero con varias polémicas a cuestas, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio su respaldo este miércoles al proyecto de ley de modernización del sector TIC. 

Un día antes, el texto había sido aprobado ya por el Senado, por lo cual, solo falta la sanción del presidente de la República, Iván Duque Márquez, para que se convierta en ley. 

Mientras el Gobierno celebra la aprobación de esta iniciativa, con el argumento de que permitirá modernizar el sector y ampliar la conectividad del país, sus opositores aseguran que esta norma afecta la independencia en materia de regulación y pone en serio riesgo la financiación de la televisión pública.

“Quiero agradecer de manera muy especial el trabajo que hacemos desde el pasado 19 de septiembre del año pasado, llevamos casi nueve meses en el que cada uno de ustedes ha contribuido de una manera absolutamente constructiva, absolutamente positiva y lo que estamos votando hoy es sin duda una construcción de todos”, dijo la ministra de las TIC, Sylvia Constaín.

La funcionaria resaltó que “hoy es un día que cambia el país”, porque este proyecto entrega las herramientas para llevar conectividad a todas las regiones que hoy no tienen acceso y “para que los ciudadanos tengan más y mejores oportunidades de logar sus metas, sus emprendimientos, de realizarse como personas capaces de aportar a esta era de la Cuarta Revolución Industrial”. 

El debate en la Cámara se surtió en un solo día, donde se discutieron los más de 50 impedimentos presentados por los representantes y se dio su discusión, sin mayores modificaciones al texto que aprobó el pasado martes el Senado de la República, donde se destaca la creación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que reemplazará a la Autoridad Nacional de Televisión. 

Dentro de los artículos aprobados se encuentra el de las condiciones jurídicas para la comercialización del uso del espectro, permitiendo su adjudicación hasta por 20 años para mayores inversiones, lo que permitiría llegar con conectividad de calidad a 20 millones de colombianos de los estratos 1 y 2 y de áreas rurales del país. 

Este artículo había sido criticado por el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, quien consideró que con el pretexto de ampliar las coberturas a 20 millones de colombianos para el acceso a internet, se ampliaron “concesiones a los grandes operadores y jugadores de la televisión privada y de las telecomunicaciones, de la telefonía móvil a casi 40 años, porque son concesiones que se prorrogan”.

Otros artículos aprobados tienen que ver con el aumento por cuatro años para que los operadores comunitarios lleven internet a los centros poblados y cabeceras municipales, y el que permite la existencia de un regulador moderno e independiente, idea que recibió el apoyo de organismos internacionales como la Unesco y la Ocde.

La ministra Constaín había explicado tras la aprobación del Senado que este regulador tendrá dos salas de decisión que resolverán temas separadamente: la Comisión de Contenidos Audiovisuales, que atenderá lo relacionado con el pluralismo informativo y la defensa del televidente; y la Sesión de Comisión de Comunicaciones, que tendrá a su cargo la regulación técnica y de mercado.

Precisamente la creación de ese nuevo regulador había generado polémica en algunas bancadas, ya que este estaría cooptado por el ejecutivo, poniendo en riesgo la democracia misma, según la Alianza Verde. 

“El proyecto de ley plantea modificaciones normativas que no guardan una relación clara con el objetivo de aumentar la conectividad y resultan preocupantes para el cuidado de nuestra democracia y de los recursos públicos”, señala la constancia de la colectividad. 

Sin embargo, la ministra aseguró este miércoles que “el ente regulador es absolutamente independiente, que garantiza para Colombia que los mejores profesionales hagan parte de él, de forma tal que podamos asegurarnos que este sector siempre se mantenga al servicio de los ciudadanos, que se mantenga un sector innovador, que lleve oportunidades a los colombianos y nos genere equidad”. 

La Comisión de Contenidos Audiovisuales estará integrada por tres miembros: dos elegidos por concurso público organizado por universidades, y uno designado por los canales regionales, mientras que la Comisión de Comunicaciones estará integrada por el ministro de las TIC, un comisionado designado por el presidente de la República, y tres miembros que serán elegidos por concurso de mérito (realizado por Función Pública), para un total de cinco integrantes.

Otro tema relevante para el Gobierno Nacional tiene que ver con los beneficios que recibirá la televisión pública nacional, ya que el proyecto garantiza el máximo nivel de recursos posible y un incremento según el Índice de Precios al Consumidor, así como permite que el 10% de los recursos sean utilizados para gastos de funcionamiento de los canales. 

A este tema también le habían surgido críticas que indicaban que se atentaba contra la televisión pública, a lo que la ministra manifestó que “es exactamente lo opuesto”, ya que el proyecto lo que indica es que “hay recursos para la televisión pública que antes no había”. Allí explicó que hay un crecimiento por el IPC y recursos adicionales. 

En materia de inversión, el objetivo del gobierno de Iván Duque es focalizarla para el cierre efectivo de la brecha digital, que incluye conectar a todos los colombianos y fomentar la apropiación tecnológica, especialmente en las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom, además de las personas con limitaciones físicas.

Se garantizará el fortalecimiento de la televisión y la radio pública, así como los contenidos públicos audiovisuales de carácter nacional y regional, y se van a destinar recursos adicionales para la generación de contenidos multiplataforma de interés público.