El proyecto anticorrupción que busca prohibir la casa por cárcel a quienes cometan delitos de corrupción en contra del Estado al parecer tiene el camino abierto para que no sufra cambios en el Senado de la República.

Así lo manifestó el fiscal General (e) Fabio Espitia, quien confirmó que el núcleo  fundamental del proyecto, que fue hundido en la legislatura pasada, quedará intacto. Esto quiere decir que se seguirá insistiendo en que se elimine la casa por cárcel a quienes causen perjuicios al erario público, sin embargo, agregó que se mantendría la posibilidad de que estas personas tengan beneficios en los centros de reclusión.

“La Cámara tienen el derecho constitucional de hacer modificaciones,  siempre y cuando le pongamos más fuerzas, más dientes, bienvenidas”, agregó el fiscal en relación a la posibilidad de que en esta parte del Congreso se presenten cambios al proyecto  original.

En este mismo sentido, Espitia, exaltó la votación que tuvo el proyecto en la pasada legislatura al interior el Senado de la República. Agregó que es un gran mensaje para el país el hecho de que se haya concertado con todos los partidos la presentación de este proyecto.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde señaló que su partido apoya de manera contundente quitar los privilegios especiales para los ‘hampones de cuello blanco’.

“Pero se lo dijimos en la cara a la ministra que es una vergüenza que el Gobierno plantee un proyecto de Ley hecho a la medidas de Andrés Felipe Arias y que favorecería además a los paramilitares, al proceso 8.000 y a los demás, mientras radica este proyecto anticorrupción”, agregó Lozano.

La senadora manifestó que el Gobierno “está prendiendo una vela a Dios y otra al diablo porque quiere quedar bien con la gente, pero en la práctica está favoreciendo la impunidad haciendo leyes con nombre propio y abriendo la puerta a la impunidad”.

Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que se logró una concertación con todos los partidos  para radicar el proyecto con mensaje de urgencia en el Congreso el próximo 20 de julio.