Una firma del presidente Iván Duque es lo único que falta para que la prórroga por 10 años de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) se convierta en una realidad. Esto fue posible después de que la plenaria del Senado finalmente aprobara en cuarto debate, y por unanimidad, la iniciativa impulsada por el senador Roy Barreras.

De esta manera, el Congreso le dio vía libre a la posibilidad de que se puedan seguir garantizando las medidas de atención, asistencia y reparación integral a los millones  de víctimas que ha dejado el conflicto armado interno.

Estas y otras disposiciones tendrán una década más de vigencia, con el fin de que el Estado pueda cumplir lo proyectado en 2011, cuando el Gobierno Nacional de ese entonces, encabezado por Juan Manuel Santos, reconoció su responsabilidad con las víctimas del conflicto.

El proyecto aprobado el martes también prorroga la vigencia de los Decretos Reglamentarios Ley 4633, 4634 y 4635, a través de los cuales se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución tierras a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, comunidades indígenas y gitanos.

“Este es el mensaje más oportuno, necesario, dignificante que pueden recibir hoy las más de 9 millones de víctimas en nuestro país, a las cuales esperamos se les pueda garantizar el derecho a la reparación integral, a la verdad, a la justicia, sobre todo a las garantías de no repetición”, afirmó la congresista María José Pizarro, ponente de la iniciativa en la Cámara de Representantes.

La ampliación de la vigencia se venía pidiendo a gritos por parte de varios sectores políticos, de las víctimas y entidades gubernamentales, especialmente la Unidad para las Víctimas, en cabeza de Ramón Rodríguez, quien precisamente la semana pasada había hecho un llamado de advertencia al Congreso para que se agilizara el proceso que ya llevaba dos meses paralizado.

“Lo que buscamos es fortalecer, no ser regresivos en los derechos adquiridos por las víctimas, y como también lo ha pedido el presidente, avanzar en la reparación integral de estos colombianos que hoy están en el Registro Único de Víctimas”, afirmó Rodríguez.

El director dijo que la entidad que lidera trabaja de la mano con el Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda para garantizar el Conpes que financie los 10 años de ampliación de la Ley 1448, al tiempo que anunció que trabaja con todas las entidades para establecer el costo que tendrá la misma.

Acelerar acciones para cumplir a víctimas en Norte

Si bien el anuncio de la prórroga es esperanzador para el país, también hay muchos reparos por parte de las víctimas, quienes han criticado la implementación de la ley hasta el momento.

En ese sentido, la vigencia 10 años más de la norma aumenta los desafíos y el compromiso del Gobierno Nacional para hacer realidad los cinco pilares que la justifican: la indemnización, atención sicosocial, medidas de satisfacción, no repetición y la restitución de tierras.

Y es que las quejas sobre la implementación de la norma en Norte de Santander no se han hecho esperar, pues son múltiples los reclamos de esta población sobre la lentitud en los procesos que se adelantan en cada uno de los municipios, especialmente en la subregión del Catatumbo.

Pedro Durán Barajas, secretario de Víctimas y Postconflicto de Norte de Santander, le dijo a La Opinión que la ampliación de la ley era necesaria debido al contexto de conflicto que se vive en el departamento.

“El conflicto armado no cesa en el departamento, contrariamente a lo que se pensó en el momento de la expedición de la ley. Los esfuerzos de reparación de las víctimas tienen que prolongarse en el tiempo, para que quienes siguen siendo objeto de victimización reciban el apoyo del Estado”, planteó el secretario.

Por su parte, Milton Hostias, coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas en Cúcuta, dice que la ley tiene dos caras de la moneda en la ciudad, las cuales espera sean mejoradas para el bien de los afectados por el conflicto, quienes fueron la razón de ser de la creación de la norma, hace nueve años.

“Por un lado, la medida es favorable porque aún hay muchísimas víctimas que esperan proyectos productivos, la indemnización, las ayudas humanitarias y hasta el momento no les han sido entregadas. Por otro lado, hay muchísimos recursos de víctimas que se están gastando en contratación y  las víctimas, como quien dice, se están utilizando para dejar una evidencia que se les cumplió con tal proyecto, monto o recursos”, sostuvo.

Jazmín Pinzón, coordinadora de la corporación de víctimas Dios Nos Brinda una Segunda Oportunidad, criticó la atención por parte de la Unidad para las Víctimas en la Alcaldía de Cúcuta y sugirió que ese ente debería contratar para esas labores a personas que sean víctimas, “para que conozcan el contexto”.

“La atención realmente es mala, nos dicen: ¿usted a qué viene?, ¿qué busca? ¡eso es con ficho!, si eso pasa con uno que hace parte de la mesa municipal, que se identifica con un carné, imagínese como son con las personas que son discapacitadas, las que vienen desde los pueblos”, cuestionó Pinzón.

En Norte de Santander hay 225.000 víctimas sujeto de atención, que equivalen al 16,1% de la población total del país, según cifras con corte a agosto de 2020 entregadas por la Unidad para las Víctimas a La Opinión.

En lo corrido de este año, la Unidad ha hecho 4.455 giros por un valor total de $35.204’682.388 que han beneficiado a 4.084 personas en el departamento, según reveló el director Ramón Rodríguez en su más reciente visita al departamento, a comienzos de noviembre.