La propuesta presentada esta semana por la Misión Electoral Especial al Gobierno, como insumo para la reforma con la que se busca ajustar el sistema electoral colombiano, sigue sin convencer a los diferentes sectores.

Aunque en el informe final se presentaron algunos cambios, varias son los cuestionamientos que se le han venido haciendo al modelo que plantean los expertos.

Uno de los primeros en manifestar sus reparos fue el procurador general, Fernando Carrillo, quien se mostró en desacuerdo con que se le quite la posibilidad al Ministerio Público de sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular como los alcaldes y gobernadores.

“Que le quiten a la Procuraduría la potestad de sancionar a alcaldes y gobernadores es mutilar el ejercicio de su función constitucional. De otra manera, hay que pensar en cerrar la Procuraduría”, consideró el jefe del ente de control.

Desde el Consejo de Estado también se han escuchado varias críticas, frente a la posibilidad de que se establezca una nueva Corte Electoral, que asuma las funciones que ejerce la Sección Quinta del alto tribunal.

“Rechazamos la propuesta de la creación de esa Corte Electoral por innecesaria, por inconveniente, por inoportuna y por improvisada”, manifestó el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez.

El mismo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que hay aspectos de la reforma propuesta por la Misión con los que el Gobierno no está de acuerdo. 

“Hay temas de la Misión que no me gustan. Se descartó el voto obligatorio, me parece que es importante darle la discusión al tema con los partidos. Sigo creyendo que es bueno que al menos en dos periodos se prohíba la financiación privada de las campañas y dejar la financiación estatal”, sostuvo.