El pasado 24 de noviembre y en medio de la incertidumbre que existía en Cúcuta y Norte de Santander por el vencimiento del plazo para cumplir con la internación de los vehículos venezolanos, el presidente Iván Duque anunció en la ciudad la suspensión temporal de este decreto.

Aunque la medida, que aún no ha sido oficializada por el Gobierno Nacional, generó un pequeño alivio entre los propietarios de carros y motos  con matrícula del vecino país, para muchos no fue una verdadera solución, por cuanto no se resuelve de fondo el dolor de cabeza que les ha generado esta obligación.

En ese sentido, una nueva propuesta surgió para darle solución a las casi 80.000 familias afectadas con el Decreto 2229 del 27 de diciembre de 2017.

Se trata de la nacionalización de los vehículos venezolanos, que permitiría beneficios para los propietarios, pues sus autos ganarían valor, a la vez que se generarían tributos a favor de las rentas locales y departamentales.

La propuesta fue presentada al jefe de Estado por el representante a la Cámara del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, y respaldada por el también representante del Centro Democrático, Juan Pablo Celis.

“Le dijimos al presidente que lo mejor que podía pasar no era castigar a los colombianos con ese decreto de internación; que esto era terrible para la situación de los propietarios de los carros venezolanos. Que el ingreso no iba a ser mayor y que se perdía la propiedad porque era prácticamente una extinción que se les hacía en el tiempo a estas personas. Por eso, que la decisión que se debía tomar era la que hacía muchos años se había tomado en la zona de frontera, que fue nacionalizar los carros”, explicó ayer el también presidente de la Cámara, durante la sesión de la Comisión Segunda que se desarrolló en la Asamblea de Norte de Santander. 

Chacón dijo que en esa medida, lo que se tendría que establecer serían unos requisitos para poder acceder a la nacionalización como: el registro de los vehículos solo podrá hacerse en los municipios y departamentos fronterizos (aunque la circulación sí será nacional) y que  una vez hecho el trámite deberán esperarse hasta tres años para poder venderlo.

“Esa nacionalización inmediatamente genera renta, impuesto de rodamiento y al propietario le dobla o triplica el valor de su carro”, consideró el dirigente cucuteño.

Dijo que el presidente Duque vio con muy buenos ojos esta posibilidad y que les propuso empezar a trabajar en un decreto, con el fin de analizarlo, considerar su viabilidad y pertinencia.

“Esto le da una mejor opción al ciudadano, porque lo va a incentivar y no como el otro decreto que lo obligaba era a internar su vehículo. Con esta propuesta se le va a dar una muy buena opción porque va a valorizar su carro al volverlo colombiano, pero además, va a ser importante para las finanzas del municipio y la región y eso le resultó muy importante al presidente”, manifestó Chacón, tras anunciar que ya están trabajando con Celis en el bosquejo de dicho  decreto.

Actualmente, en el Consejo de Estado hace curso una demanda contra el Decreto 2229, interpuesta por el exsecretario de Hacienda, Martín Martínez. En esta se advierte de una serie de inconsistencias en contra de los propietarios de carros y motos venezolanos.

Experiencias anteriores

Esta no es la primera vez que en Cúcuta y Norte de Santander se habla de un proceso de internación de vehículos extranjeros.

En agosto de 1984, siendo ministro de Desarrollo Económico, Iván Duque Escobar, el papá del actual presidente Iván Duque, fue expedido el Decreto 1994 en el que se autorizaba a “los residentes nacionales o extranjeros la internación temporal a estas regiones de frontera, de los vehículos automotores y motocicletas con matrícula de países vecinos”, por un periodo de cinco años prorrogables.

Sin embargo, estos vehículos solo podían transitar en los municipios de las regiones fronterizas. La norma se reglamentó en julio de 1985.

En mayo de 2001, el alcalde Manuel Guillermo Mora expidió un nuevo decreto que se conoció como el ‘Pase Amigo’ y que también autorizaba la internación de vehículos automotores de matrícula venezolana en el territorio nortesantandereano. 

En 2004 esta norma fue revocada por el Consejo de Estado, toda vez el alcalde asumió competencias que son propias del Gobierno Nacional.