Esta semana se dio un nuevo paso en el Senado de la República para evitar la megaminería en las zonas de páramos del país, al ser aprobado en segundo debate el proyecto de acto legislativo que busca reformar el Artículo 79 de la Constitución política de Colombia, y de esta forma frenar dicha práctica.

Con 99 votos a favor, la plenaria de esa corporación le dio un nuevo empujón a la iniciativa que pretende elevar a derecho constitucional la protección de los páramos, adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación mineras en estos ecosistemas.

La propuesta sugiere que el Artículo 79 quede reformado así: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Queda prohibida la exploración y explotación minera en ecosistemas de páramo”.

El proyecto fue sometido a debate por primera vez el pasado 14 de octubre y aprobado por unanimidad en la Comisión Primera del Senado, de la que hace parte el congresista nortesantandereano Juan Carlos García Gómez, del Partido Conservador, quien es uno de sus ponentes, junto a la también senadora Paola Holguín, del Centro Democrático.

Para García Gómez, el poder reformar este artículo “le da una gran jerarquía al compromiso que tiene el Estado para la preservación y explotación minera de los ecosistemas de páramo. Esto garantizaría una seguridad jurídica para prevenir y proteger los 37 páramos del país”.

El dirigente le explicó a La Opinión que la idea de agregar este nuevo inciso que prohíbe la exploración y explotación, es  reforzar los argumentos legislativos que ya existen sobre el particular, como la Ley de Páramos en el Plan de Desarrollo, el Código Minero, “que en su momento también en el Congreso le dimos ese trato diferencial”.

Durante el segundo debate, los senadores que están a favor de esta propuesta reiteraron que el único interés es preservar las fuentes hídricas que precisamente nacen en estos ecosistemas de páramo, al igual que la fauna que vive en ella, pues la explotación en estas zonas pondría en riesgo el líquido vital y en esa medida se requieren argumentos constitucionales para continuar con la defensa del medio ambiente.

“Es un proyecto muy importante para elevar a categoría constitucional la prohibición de hacer minería de cualquier tipo en los páramos, y también en las zonas de amortiguamiento que son colindantes con las sabanas, y así garantizamos el cuidado de los nacimientos de agua”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

El senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, afirmó, igualmente, que este acto legislativo fue puesto en consideración en la Comisión Primera y aprobado por unanimidad. “Y si en la Comisión hay 11 partidos, es un mensaje claro en defensa del agua y la vida”, aseguró.

Piden aplicabilidad a zonas de bosque alto andino

Si bien la iniciativa tiene buena acogida y continúa su tránsito para ser ley de la República, hay congresistas que tienen aún algunas observaciones sobre el inciso que se le pretende agregar al proyecto y consideran que se puede mejorar, pues afirman que hay otras amenazas sobre las 37 zonas de páramo que existen en Colombia y sus entornos vecinos, como los bosques andinos.

“Este proyecto elevado a categoría constitucional busca la prohibición total de la exploración y explotación minera y de hidrocarburos en la cadena de paramos del país, pero nuestra discrepancia tiene que ver con que se incluyan las zonas de bosque alto andino y así hacemos una protección integral y real, y le da mayor sentido al proyecto de ley”, dijo la senadora Angélica Lozano, del Partido  Alianza Verde.

La idea de Lozano fue apoyada por su compañero de partido, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, quien planteó que se deben incluir las zonas de protección de bosque alto andino a esta iniciativa.

Defensa de Santurbán

Esta reforma cuenta con el apoyo de todas las bancadas de los partidos y nace como fruto de la discusión que se viene dando en el país sobre la explotación minera en zonas de páramo, especialmente en el de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, zona en la que existe un proyecto de explotación por parte de la empresa Minesa. Por esta misma razón, el Senado de la República decidió crear una Comisión Accidental, con el fin de  hacer seguimiento a este caso y a las medidas que ha adoptado el Gobierno.

Precisamente, la defensa del páramo de Santurbán fue objeto de debate en la plenaria del pasado 6 de octubre, en la que durante más de 11 horas se analizaron, desde diferentes frentes (alcaldes, comunidad, trabajadores, mineros, defensores, entre otros) las consecuencias y los beneficios que traería el proyecto minero en la zona de Soto Norte, en el departamento santandereano. De esa jornada surgió una proposición, firmada por 82 congresistas, que insta al Gobierno Nacional a proteger los 37 páramos del país.

“Los senadores abajo firmantes solicitamos al gobierno de Iván Duque prohibir la megaminería o cualquier actividad extractivista en los 37 páramos del país y, en consecuencia, abstenerse de adelantar cualquier actividad de megaminería en Santurbán y sus ecosistemas circunvecinos que pongan en riesgo su biodiversidad y conservación, y abstenerse de otorgar licencias de explotación minera a personas jurídicas de carácter privado que alteren, afecten, degraden, contaminen o destruyan la biodiversidad y los cuerpos hídricos originados en los páramos”, señala la propuesta elevada al Gobierno.

Lo que viene

Al acto legislativo le restan otros seis debates entre las Comisiones Primeras y las plenarias de Cámara y Senado. De mantenerse en firme, entre marzo y mayo de 2021 entraría en vigencia.

Durante este camino podrán  surgir otras modificaciones, teniendo en cuenta que hay sectores que piden incluir la prohibición en lo que respecta a hidrocarburos, así como la ampliación de la inmunidad para los ecosistemas de bosque alto andino.