La Procuraduría Regional de Norte de Santander informó que tiene puesta la lupa sobre 13 contratos de obra que se firmaron para la construcción de aulas y megacolegios en Norte de Santander durante las vigencias 2012 a 2016,  y cuya inversión supera los $43.000 millones, provenientes del Sistema General de Regalías.

Como parte del proceso de inspección que adelanta, el Ministerio Público decidió abrir una investigación disciplinaria contra la secretaria de Educación para esa época, Luddy Páez Ortega, con el fin de determinar si la funcionaria pudo haber incurrido en irregularidades en la ejecución de dichos convenios.

De la misma forma, en un comunicado de prensa que fue publicado en la página web de la Procuraduría, la entidad informó que el propósito de la investigación es determinar, igualmente, si se presentaron las siguientes inconsistencias:

-Falencias contractuales o contables en la adquisición de un Datacenter y equipos de cómputo para su funcionamiento, por más de $1.200 millones.

-Irregularidades en la adquisición de maquinaria agrícola para el fortalecimiento de los agricultores afiliados a Coagronorte, por $800 millones.

-Irregularidades en la construcción del megacolegio La Frontera, de Villa del Rosario, por $13.641 millones de pesos.

De acuerdo con la información recibida por la Procuraduría y que originó el proceso disciplinario, “con la celebración de dichos negocios jurídicos se habría vulnerado la normatividad vigente y se habría presentado una posible deficiencia de control interno contable, lo que, al parecer, generó un riesgo sobre la vigilancia de los bienes adquiridos”.

A la investigación también fueron vinculados los exsecretarios generales de la Gobernación de Norte de Santander: Gregorio Angarita Lamk, Fabiola Cáceres y Cristian Buitrago, quienes estuvieron en ese cargo durante el periodo en el que se ejecutaron los contratos.

Práctica de pruebas

Como parte de la investigación con la que se pretende determinar si existieron o no irregularidades en la ejecución de más de $50.000 millones  de regalías, la Procuraduría Regional decretó la práctica de diferentes pruebas.

“El Ministerio Público busca determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los investigados en el manejo, registro y pago de contratos con recursos del Sistema General de Regalías”, se puede leer en el comunicado de la entidad.

No obstante, tanto Páez Ortega, como los exsecretarios generales también tendrán la posibilidad de presentar sus descargos y las pruebas de sus actuaciones, para lo cual deberán solicitarle al Ministerio Público que sean escuchados en versión libre.

¿Qué dicen los implicados?

La exsecretaria de Educación entre 2012 y 2015 manifestó que ya fue notificada del proceso que se sigue en su contra y dijo que con sus abogados está reuniendo toda la información que será presentada durante sus descargos, con el fin de demostrar que no existe responsabilidad alguna en los cargos que le endilgan, “máxime cuando esos contratos eran supervisados y vigilados por Planeación Nacional, por ser recursos de regalías”.

Aunque prefirió no entrar en detalles, insistió en que su actuación en estos procesos siempre estuvo ajustada a las funciones del cargo.

Por su parte, Gregorio Angarita Lamk, secretario general de la Gobernación entre 2013 y octubre de 2014, dijo que hasta el momento no conoce una información diferente a la que se ha divulgado en los medios de comunicación sobre esta investigación. Aun así,  aseguró que, “Por formación y convicción familiar y profesional, siempre he estado y estaré atento a cualquier requerimiento de los organismos de control relacionados con el ejercicio del servicio público”.

Cristian Buitrago, candidato a la Alcaldía de Cúcuta, señaló que está listo para explicarle a la Procuraduría cuál fue su papel en los hechos, toda vez que su función en la Gobernación era como Secretario de Planeación y que tan solo estuvo como secretario General unos días, mientras se dio la transición entre Angarita y Fabiola Cáceres Peña.

“Tengo la absoluta tranquilidad de que no tengo ningún tipo de responsabilidad en estos hechos. Estamos listos para presentar los descargos, el material probatorio y las versiones a que tenemos derecho”, manifestó.

La Opinión intentó contactar a Fabiola Cáceres, la otra implicada, pero no respondió las llamadas.