Una indagación por presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia del COVID-19, abrió la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios por determinar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) y la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG).

El propósito de la investigación es establecer si en el marco de las funciones de inspección, vigilancia, control y regulación que les fueron asignadas, la Superintendencia, la CRA y la CREG han intervenido efectiva y oportunamente para aplicar correctamente el régimen tarifario por parte de los prestadores de los servicios públicos, a partir de la declaratoria de emergencia económica y social.

Así mismo, busca determinar si hubo estrategias para garantizar que la facturación correspondiera a los consumos reales y no a los promedios por consumo que existían antes de la pandemia por el COVID-19.

La indagación de la Procuraduría fue iniciada a raíz de las quejas presentadas por muchos usuarios sobre los presuntos cobros injustificados en la facturación de servicios públicos.

La Procuraduría trasladó a la Superintendencia Delegada de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas las quejas formuladas contra Codensa - Enel , por la facturación a los usarios de Bogotá de valores que presuntamente no hacen parte del servicio y costos con incrementos que no estarían justificados.

También, remitió quejas contra funcionarios por determinar de Emcali, en el Valle del Cauca y las Empresas Municipales de Cartago, por presuntos cobros excesivos de los servicios de acueducto y energía, respectivamente.