La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a Miriam del Socorro Prado Carrascal, alcaldesa de Ocaña, Norte de Santander, por presuntamente contratar con una sociedad que estaba inhabilitada por ser representante legal un aportante a su campaña política en 2015.

También fueron llamados Jorge Armando Navarro Rueda, secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda; Juan Pablo Bacca Manzano, secretario de Gobierno y Wilson Fernando Arenas Mejía, director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Ocaña.

La citación a estas personas se dio porque al parecer celebraron contratos de suministro y consultoría con la Sociedad EEAA Service SAS, persona jurídica que se encuentra representada legalmente por Édgar Enrique Ataya Sánchez, a pesar de que esta persona aportó la suma de 20 millones de pesos, que corresponde a 3,6 % de los dineros máximos a invertir en la campaña que adelantó Prado Carrascal.

"(…) Los secretarios de despacho suscribieron los contratos en ejercicio de la facultad de contratación que delegó la señora alcaldesa de Ocaña, a través de los decretos 096 del 7 de abril de 2016 (secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda) y Decreto 106 del 6 de mayo de 2016 (secretario de Gobierno)".

El organismo reprocha el actuar de la alcaldesa de Ocaña, ya que habría incumplido su deber de vigilancia y control de la contratación estatal, al permitir que el secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda celebrara los contratos 001 de 2016 (suministro), 001 de 2016 (consultoría) y 015 de 2016 (consultoría), así como el secretario de Gobierno celebrara el contrato de SG-011 de 2011 (suministro).

La Procuraduría recordó "(…) que la facultad de contratación es una expresión de la función administrativa y por lo tanto, se encuentra reglada, siendo deber de los servidores públicos respetar y acatar las normas que rigen el proceso contractual".

La diligencia se llevará a cabo el próximo martes 4 de julio a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, donde podrán ejercer su derecho a la contradicción y defensa y si lo desean rendir versión libre, verbal o escrita sobre las circunstancias de la comisión de la posible falta que se le imputa.