La Procuraduría Regional comenzó a seguirle el paso a la contratación que hizo el saliente gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras, en los últimos días de su administración y que, según versiones de prensa, habrían favorecido a unos pocos contratistas.

El propósito del Ministerio Público es recopilar la mayor cantidad de datos posible con la cual determinar si el exmandatario pudo haber incurrido en irregularidades en la adjudicación de las obras, así como en el cumplimiento de la Ley de Contratación.

Es decir, si violó los principios de publicidad, selección objetiva, transparencia y demás a los que hace referencia la normatividad.

En ese sentido, el Ministerio Público comenzó a solicitar información en varios despachos, como la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, relacionada con algunas uniones temporales que figuran en varios de los contratos adjudicados.

Una de ellas es la Unión  Temporal Ptar Toledo 2015, conformada por Germán Alberto Berbesí  Barroso (5%), William Galán (5%) y el Consorcio Constructora Cúcuta (90%), propiedad del mismo Germán Alberto Berbesí Barroso.

Según un informe publicado por el portal La Silla Vacía, uno de los grandes ‘supercontratistas’, en la recta final del gobierno de Díaz Contreras fue justamente Berbesí Barroso.

Según el medio de comunicación: “Tres de las 14 licitaciones que se abrieron, y que suman $6.000 millones, fueron adjudicadas a uniones temporales en las que él o su empresa (Consorcio Constructora Cúcuta S.A.) tienen la mayor participación”.

De la misma forma, la Procuraduría Regional de Norte de Santander solicitó información sobre la Unión Temporal Acueducto San Bernardo, a fin de determinar quiénes son sus socios, cuál fue su aporte y qué participación tuvo en los diferentes contratos otorgados por la pasada administración.

Con base en esta información, el organismo de control disciplinario determinará si hay lugar o no a la apertura de una investigación formal contra el exgobernador.

*La Opinión