El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le solicitó al Consejo de Estado que priorice el estudio de la demanda que presentó el pasado primero de agosto en contra del acuerdo político al que llegaron el Gobierno Nacional y las Farc para blindar jurídicamente los acuerdos de paz.

Se trata de una demanda que busca que se anulen los numerales V y VI del Acuerdo contenido en el Comunicado Conjunto No. 69, proferido en La Habana el pasado 12 de mayo.

En carta conocida por Colprensa, el procurador le pidió a la magistrada María Elizabeth García, que le de prelación a la demanda por tratarse de un asunto de especial trascendencia social, ante el anuncio formal del fin de las negociaciones, la publicación del Acuerdo Final y la necesidad de un pronunciamiento antes que se dé la firma por parte del presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’.

Dice Ordóñez que el Acuerdo Final ratifica lo dicho en el comunicado que él demandó, en el sentido que ese documento será firmado como un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que será depositado ante el Consejo Federal Suizo y que el presidente de la República hará una declaración formal ante las Naciones Unidas solicitando que el acuerdo se incorpore a un documento del Consejo de Seguridad de la ONU.

Para el procurador, considerar el acuerdo final como un “acuerdo especial” desborda el contenido y alcance de los acuerdos especiales en los términos de esta norma, la cual será ratificada por Colombia. Además, a su juicio, la mesa de negociación no es representativa popularmente y estaría modificando las normas constitucionales para darle fuerza normativa y vinculante a lo acordado.

Ordóñez solicitó a la magistrada tener en cuenta que se ha planteado la posibilidad de firmar el acuerdo final en las Naciones Unidas, pocos días antes de la realización del plebiscito, lo que lo obligaría a cumplir con los compromisos internacionales que precisamente fue los que demandó y sobre los cuales espera que el Consejo de Estado se pronuncie rápidamente.

El procurador insistió en que la Corte Constitucional, en la sentencia que avaló el plebiscito, dejó en claro que el acuerdo es de naturaleza política, por lo cual no tendría la capacidad de producir efectos jurídicos por sí mismo.

“Como puede verse entonces, el hecho de que el Acuerdo Final empiece a ser implementado y de que se le den efectos internacionales sin que el pueblo los haya avalado y sin que haya sido incorporado mediante los procedimientos legislativos pertinentes, parece estar a punto de concretarse, siendo este justamente uno de los ejes fundamentales de la nulidad y suspensión provisional solicitada”, dice la carta. 

Bogotá | Colprensa