El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le solicitó al Congreso de la República que realice una audiencia pública antes de comenzar a incorporar algunas de los elementos que tiene el anunciado blindaje de los acuerdos de paz.

Como se recordará el Gobierno Nacional y la delegación de las Farc  en Cuba acordaron incluir un artículo transitorio que establezca que el Acuerdo para la Terminación del Conflicto es un Acuerdo Especial en los términos de los Convenios de Ginebra, lo que elevaría el Acuerdo a rango constitucional.

Para el Procurador, el trámite de esta reforma, que ya va para séptimo debate, necesita una audiencia “con el fin de que expertos en derecho constitucional y reconocidos juristas y representantes de los más diversos sectores de la academia puedan hacer un análisis juicioso sobre su alcance y la competencia del Congreso de la República”, para hacer la inclusión que pidieron las delegaciones negociadoras.

En carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, Ordóñez además aseguró que el Congreso es autónomo y que no puede delegar sus funciones al mandato de nadie, sea el Presidente o la Rama Judicial, y mucho menos a las Farc.

“No es el Ejecutivo, tampoco la Rama Judicial ni mucho menos un grupo responsable de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio. La Constitución no admite interpretaciones en este punto”, señaló.

De acuerdo con Ordóñez, el Congreso no puede, así quieran las mayorías que lo componen, endosar, transferir, delegar o abandonar en manos de otro mecanismo u órgano sus funciones.

“Tampoco el Congreso puede utilizar un acto legislativo con el fin de que en la práctica se transfiera su competencia exclusiva de reforma de la Carta Política al Gobierno Nacional y a las Farc, en el marco del actual proceso de paz. Tal evento destruiría el orden constitucional al revestir a la Mesa de Conversaciones en un poder constituyente”, precisó el jefe del Ministerio Público.

Colprensa