Mientras que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, está a la espera de la decisión del Consejo de Estado que defina su permanencia en su cargo y su futuro político, la entidad presentará este miércoles la rendición de cuentas de su gestión en el año 2015.

El informe señala que ante el Ministerio Público se radicaron durante todo el año pasado 107.979 quejas y denuncias, de las cuales se gestionaron 89.861 (83,2 %) y las otras fueron remitidas a otras entidades. De estas, 16.991 dieron inicio a indagación preliminar y 932 condujeron a apertura de investigación disciplinaria, tanto en el proceso ordinario como en el verbal.

Igualmente, se formularon 1632 pliegos de cargos, se impusieron sanciones a 1171 personas en primera y única instancia (entre ellos 324 servidores públicos de elección popular) y otras 690 sanciones quedaron en firme y registradas en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI).

La Procuraduría General de la Nación sancionó en 2015 a 195 Alcaldes, 113 Concejales, 13 Gobernadores, 2 Diputados y un Senador, que fue Odín Sánchez, decisiones están que ya quedaron en firme.

Igualmente, fueron sancionados 53 Secretarios, 33 Gerentes, 28 Personeros, 25 Docentes, 21 Soldados, 6 Patrulleros, 5 Oficiales, 5 Sargentos, 5 Inspectores de Policía y dos Rectores, entre otros.

El balance recoge que desde que Ordóñez está en el cargo, el año 2009, han sido sancionados 11 Senadores, 5 Representantes a la Cámara, 94 Gobernadores, 1627 Alcaldes, 22 Diputados y 1128 Concejales.

En materia de conciliación, la Procuraduría destacó la realización en 2015 de 66.385 audiencias prejudiciales en las diferentes jurisdicciones, de las cuales 8419 terminaron con acuerdo, así como 138 conciliaciones judiciales que terminaron en un ahorro para el Estado superior a los 219 mil millones de pesos por conceptos de demandas a la Nación.

De acuerdo con el documento, el presupuesto  definitivo para la vigencia 2015 fue de $519.189 millones 124.217 pesos para funcionamiento e inversión.

De estos, “se establecieron compromisos presupuestales por valor de $509.998 millones 961.508 pesos, equivalentes al 98,23 % y se hicieron pagos por $480.571 millones 460.188 pesos, que significan el 92,56 %”, señala el informe.

La entidad señaló que al adquirir nuevas sedes en todo el país se fijaron compromisos por $599 millones 931.390 pesos y que para la adecuación de las sedes se comprometieron  $5.791 millones 517.881 pesos.

También se destinaron $8.875 millones 199.872 pesos para fortalecer la plataforma tecnológica de la entidad y $1.649 millones 948.910 pesos para el proceso de modernización de la misma, entre otros.

La entidad destacó, igualmente, acciones judiciales y de acompañamiento en múltiples temas como por ejemplo, el diseño y obras de mantenimiento de la pista y plataforma del aeropuerto de San Andrés, la selección de contratista para planta de tratamiento agua potable en Yopal, la adquisición de semáforos para la regulación del tránsito de Bogotá, o bien la licitación  de la construcción del túnel del Toyo en Antioquia.

La entidad resaltó el trabajo de acompañamiento a los procesos de restitución de tierras y reiteró el hallazgo de supuestas falencias en el proceso por lo cual se hicieron visitas a 18 sedes de la Unidad de Tierras, 36 Juzgados y 5 Tribunales de Tierras y formuló una serie de recomendaciones sobre la entrega de zonas para poder iniciar los procesos y el trámite de denuncias.

“La meta mencionada en el CONPES 3712 es que la (Unidad) recibiría y tramitaría alrededor de 360 mil solicitudes durante los 10 años de vigencia de la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, han sido presentadas ante las Direcciones Territoriales 81.048 requerimientos en estos cuatro años. Esto lleva a formular varios interrogantes: ¿Aún hay desconocimiento del proceso de restitución de tierras? ¿Hay temor entre los posibles solicitantes de acceder al proceso por amenazas o nuevos hechos victimizantes? ¿Existe desinformación sobre el alcance de la medida de restitución de tierras?”, insistió la entidad.

De acuerdo con la Procuraduría, al no contar con cifras oficiales sobre el abandono y despojo real de tierras en Colombia, medir la eficacia de la política pública de restitución de tierras se torna complejo, puesto que no hay un criterio que permita determinar qué tan efectiva ha sido la política.

Otros de los acompañamientos destacados por la Procuraduría en la rendición de cuentas de 2015 tiene que ver con la atención en salud puesto que la entidad recibe múltiples quejas para permitir el acceso a los servicios de salud, con mayor frecuencia a las citas con especialistas, entrega de medicamentos o realización de tratamientos médicos y quirúrgicos.

De un total de 770 solicitudes atendidas en 2015, 21.7 % se relacionó con barreras para acceder tratamientos para el control de enfermedades de alto costo, principalmente cáncer en adultos, enfermedad renal crónica y un caso de VIH.

Igualmente, 41.3 % de los casos recibidos provinieron de SaludCoop EPS, seguido por 8,6 % de EPS Compensar y 6.5 % de Coomeva y Salud Total cada una; Sura, Sanitas, Cafesalud representaron 4.3 % cada una y para finalizar, Caprecom, Golden Group, Aliansalud y Famisanar, con un caso cada una, representaron el 2.17 %.

Bogotá | Colprensa