Una propuesta para que las entidades del Estado desarrollen acciones encaminadas a eliminar los obstáculos administrativos y legales, así como los actos de discriminación que impiden el ejercicio de manera plena de los derechos políticos y electorales de las personas trans, fue presentada al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La iniciativa es liderada por la Misión de Observación Electoral (MOE), la Corporación Caribe Afirmativo y la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a las Personas Trans (GAAT), y su objetivo es definir un protocolo que promueva medidas para garantizar el derecho al voto de esta población, en igualdad de condiciones y libre de discriminación.

Entre las propuestas se sugiere que les sea posible ingresar a los puestos de votación por cualquiera de las filas, sin tener en cuenta su cambio de género, y que en caso de requisa, esta se haga con los mismos parámetros establecidos para toda la población.

De la misma forma, se plantea que las personas trans puedan presentar quejas ante las mesas de justicia instaladas en los puestos de votación, en caso de que se les someta a tratos discriminatorios o que se obstaculice su derecho al voto; también, que el Consejo Nacional Electoral establezca alianzas estratégicas con organizaciones que trabajen por la defensa de los derechos de las personas trans.

El informe señala que la participación política de las personas LGBTI sigue siendo reducida, tanto en el derecho de elegir como de ser elegidos. En 2019, dos candidatas que se autorreconocen como mujeres trans fueron elegidas.