Además de la zozobra que hay en el país por la velocidad con la que se está propagando el coronavirus día tras día, en las regiones donde tienen presencia activa los grupos armados al margen de la ley el miedo es todavía mayor, por la persistencia de las acciones violentas que puede agravar la situación de las comunidades.

Esta preocupación ya ha sido manifestada por los alcaldes y personeros de municipios como los del Catatumbo, en Norte de Santander, donde después del 30 de abril, fecha en la que concluyó el cese unilateral decretado por el Eln, regresaron los enfrentamientos y los hechos violentos por parte de esta guerrilla y de los demás grupos que delinquen en el departamento.

El llamado de atención lo hizo ahora la Comisión de la Verdad, que en un comunicado alertó sobre los riesgos que representa para la población, el hecho de que la confrontación armada siga activa en aquellos territorios donde el conflicto no cesa. 

“Hasta ahora, 11 excombatientes de las Farc y 32 líderes sociales han sido asesinados durante la emergencia. Algunas comunidades, en especial en el norte del Cauca, el Catatumbo, el Pacífico, el Bajo Cauca Antioqueño y Arauca han estado bajo amenazas, viven el confinamiento sanitario bajo el miedo de ser víctimas de actos violentos, o han tenido que huir de sus territorios y recluirse en condiciones de hacinamiento y lejos de servicios de salud, lo que las hace más vulnerables a la COVID-19”, planteó el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión.

Recordó que desde que comenzó la emergencia sanitaria por la llegada del coronavirus a Colombia, la entidad hizo un llamado inmediato a todos los actores ilegales para que cesaran sus hostilidades, al menos mientras se logra superar la crisis de salud que hace más vulnerables a las comunidades que no cuentan con los recursos suficientes para prevenir y atender los eventuales contagios.

“Solo el Eln respondió al llamado de distintas organizaciones y personalidades, cesando sus acciones armadas durante el mes de abril, pero las reinició a partir del 1 de mayo sin que se lograra ningún acercamiento con el Gobierno, para explorar el reinicio de la negociación política, y ya se registra casi un ataque diario a la infraestructura petrolera”, lamentó la Comisión.

En ese sentido, el padre De Roux y los demás comisionados insistieron en el pedido a los grupos armados que mantienen vivo el conflicto para que, “por razones estrictamente humanitarias”, detengan temporalmente su accionar en las diferentes regiones, y permitan que la sociedad concentre su atención y sus recursos en prevenir y cuidarse de la enfermedad, “sin los apremios y riesgos de la confrontación armada”.

No paran las acciones armadas

En lo que va corrido de mayo, en Norte de Santander ya son varios los hechos violentos por parte del Eln y otros grupos al margen de la ley que han despertado el temor de los habitantes, especialmente en los municipios del Catatumbo.

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El pasado 9 de mayo,  soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 del Ejército frustraron un ataque con explosivos por parte de la guerrilla, en inmediaciones del casco urbano de Hacarí.

Dos días después, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano ubicaron en zona rural de Sardinata un depósito ilegal de artefactos explosivos improvisados, que pertenecerían al Epl.

La semana pasada también se registraron enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla en la zona rural de Sardinata y El Carmen, lo que ha incrementado la tensión de las comunidades que están confinadas para evitar el contagio del virus.

A finales de abril, la Defensoría del Pueblo le remitió un informe al Ministerio del Interior en el que también expuso los riesgos a los que están expuestos los colombianos en varias regiones del país, a causa de la violencia  que continúa a pesar de la cuarentena.

En el documento se advierte que las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), Los Pelusos y desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han cometido alrededor de 72 actos que atentan contra la vida de los colombianos