Los comportamientos corruptos que antes no pasaban de sanciones administrativas, en el mejor de los casos, ahora pueden llevar a cualquier ciudadano a prisión.

El Código Penal Colombiano pasó de 11 a 16 delitos electorales, los cuales dan cárcel y pueden involucrar a gerentes de campaña, candidatos, ciudadanos y funcionarios.

A casi tres meses de las elecciones locales y a dos semanas de que se venza el plazo para la inscripción de candidatos, la Fiscalía y la Procuraduría convocan a la ciudadanía a revelar si son testigos de estas conductas, las cuales también acarrean multas para los infractores.

Ya hay denuncias

El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), con datos recogidos entre diciembre de 2018 y junio de este año, establece que en 26 de los 32 departamentos de Colombia se han reportado irregularidades electorales.

El más afectado es Antioquia con 42 casos, seguido por el Valle del Cauca con 28, Santander y Tolima con 26.

El 62 % de las anomalías tienen que ver con publicidades reflejadas en vallas, volantes, murales y mensajes de texto a celulares para promocionar a un precandidato.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, celebró el carácter penal de todos los delitos electorales e invitó a hacer más pedagogía con los partidos políticos. “Por ahora lo que más tenemos es propaganda extemporánea. El 27 de julio, cuando termine la inscripción, se empieza a presentar la participación en política de los funcionarios”, indicó Barrios.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, dijo que revisarán los informes de rendición de cuentas de las campañas e insistió en la pedagogía para que las personas sepan que pueden irse a la cárcel.

“Los partidos y los candidatos tienen que conocer esta nueva regulación, no se pueden quedar atrás. También es importante que los privados que financian campañas, se cercioren de reportar con el nombre y la identificación adecuada para evitar irregularidades”, afirmó Hernández.

Autoridades preparadas

El Gobierno anunció el Plan Ágora, mediante el cual espera darle transparencia y seguridad a las elecciones.

El Ministerio de Justicia aplicará la política criminal electoral, en articulación con entidades como la Fiscalía, que tiene a 243 funcionarios dedicados a estos delitos.

Delitos:

Corrupción al sufragante

Darle beneficios a una persona para que vote por determinado candidato, con contratos, dinero y dádivas, da entre 4 y 8 años de prisión. Deberá cancelar una multa desde $165 hasta $828 millones. Perturbar las elecciones y presionar al sufragante también son delitos penales con sanción económica.

Favorecimiento

Dos modalidades podrían acarrear en prisión y sanción. Si una persona suplanta a un elector o vota más de una vez, incurrirá en cárcel de 4 a 8 años y una multa entre $41 y $165 millones. Igual monto pagará el servidor público que permita la suplantación, inhabilidad para cargos públicos y cárcel de 4 a 9 años.

Voto fraudulento

Si un funcionario no entrega de manera oportuna los documentos electorales, sellos de urna o arcatriclave a las autoridades competentes, puede ir a prisión de 4 a 9 años. Además, será inhabilitado para ejercer cargos públicos y la multa económica irá desde $41 hasta $165 millones.

Mora en entrega de documentos

Comete esta ilegalidad el que modifique los resultados electorales o ingrese documentos o tarjetones de forma indebida. Pagará entre 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor. La sanción económica para este infractor será desde $41 hasta $165 millones.

Alteración de resultados

Ocultar, retener, poseer o hacer desaparecer una cédula ajena, o cualquier otro documento necesario para que una persona pueda ejercer el derecho al voto, constituye una ilegalidad que podría llevar a la cárcel por un periodo de 4 a 8 años y la multa también va desde $41 hasta $165 millones.

Retención ilegal de la cédula

Si una persona inscribe su cédula de ciudadanía o logra que alguien la registre en un municipio, distrito o localidad, diferente a donde nació, o a donde vive, con la finalidad de sacar ventaja en las elecciones, pagará cárcel de 4 a 9 años. Adicional a esto, tendrá que cancelar entre $41 y $165 millones.

Fraude en registro de cédulas

Será culpable de este delito quien ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva, con el objetivo de que esas personas voten a favor de un candidato, partido o incluso, en blanco. Esta ilegalidad llevará al implicado a pagar entre 4 y 9 años de prisión, y una multa de $331 a $993 millones.

Tráfico de votos

Si a una campaña llegan recursos del narcotráfico o grupos ilegales, el gerente que con ello, permitió la consecución de bienes, pagará cárcel de 4 a 8 años. La pena también será para el candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente. La multa va de $331 a $993 millones.

Financiación con fuentes prohibidas

El encargado de administrar las finanzas de una campaña electoral, que sobrepase los límites de gastos establecidos por el Consejo Nacional Electoral, tendrá una pena de 4 a 8 años de cárcel e inhabilidad para funciones públicas por el mismo tiempo. La multa será por el mismo monto que se excedió en la campaña.

Violación a topes de los gastos

Todos los dineros que ingresen en una campaña electoral deben ser reportados ante las autoridades competentes. Si un donante no informa sobre sus aportes realizados, conforme a los términos establecidos en la Ley, irá a prisión de 4 a 9 años y una sanción económica de $331 a $993 millones.