La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, envió a la cárcel La Picota al gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, señalado de presuntamente haber contactado a votantes de su departamento para lograr su elección en 2016, otorgando mercados y elementos de construcción.

Para un magistrado de Control de Garantías el mandatario departamental debe ser recluido en un centro penitenciario, dado que los delitos que presuntamente cometió González son graves y corresponderían a una “clásica entrega de dadivas”, para lograr su elección. Además argumentó que estando en libertad podría entorpecer la investigación.

De acuerdo con el proceso que lleva la Fiscalía, el mandatario departamental habría empleado una serie de maniobras que presuntamente afectaron la transparencia de la jornada de elecciones atípicas adelantadas en La Guajira, luego de la salida de Oneida Pinto, por determinación del Consejo de Estado.

Según lo expuesto por la Fiscalía, González Brito con la ayuda de varios concejales indujo a los votantes a elegirlo como Gobernador de La Guajira entregando mercados y elementos de construcción, a las comunidades indígenas.

Para la Sala Penal del Tribunal, los hechos expuestos por la Fiscalía son acordes para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelanta el juicio al exmandatario en la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado reprochó la forma en la que se están llevando a cabo las elecciones en esta región del país, e incluso aseguró que los mandatarios se creen “dueños” de los votantes a tal punto de querer manipularlos para lograr ser elegidos.  

“Lo que aquí se observa es lo que en el argot popular se conoce como una clásica compraventa de votos. Es como si cuando un ciudadano estuviera en unas votaciones se transformara en una especie de esclavo electoral (…) El elegido se siente dueño por todo el tiempo que permanecen en una corporación pública, como lo es el Consejo, una Asamblea, o el mismo Congreso de la República”, señaló el magistrado al tomar la determinación

Anteriormente, el mandatario no aceptó los cargos de cohecho propio y corrupción al sufragante, que le imputó el jefe de la Unidad de Fiscales Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia Garzón.

“El apoyo se vende, no a quien defiende los intereses del pueblo, sino al que mejor pague los interés económicos del líder de turno, que se siente dueño de los votos. (…) Hay un abuso de la confianza depositada por los votantes, y el mandatario termina siendo mandante, y los votantes se vuelven una simple cosa que se compra o se vende”, reprochó el administrador de justicia.   

¿Cómo se habrían comprado los votos?

Según sostiene el ente investigador, días antes de que se realizaran los comicios, los colaboradores de González Brito entregaron a los votantes cemento, mercados, dinero en efectivo, material para artesanía, animales, y tejas de zinc.

En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación presentó varias interceptaciones telefónicas, en las que queda registro de las llamadas que presuntamente sostuvieron los colaboradores de González, con políticos de la región, para logar su victoria en los comicios atípicos.

"A través de estos concejales, González Brito destinó recursos económicos para la adquisición de mercados, materiales de construcción y otros ser entregados a través de bienes políticos, por ejemplo a los ciudadanos del municipio de Maicao y sus corregimientos a cambio de votar a su favor les entregaron los mencionados recursos", dijo Espitia, ante el Tribunal de la Capital.

Junto con el Gobernador, la Fiscalía señala a la concejal de Maicao, Silbelly Solano Iguarán, de presuntamente haber contribuido a la realización de las irregularidades electorales.

“El candidato Gonzáles Brito tenía pleno conocimiento del cargo de la concejal de Maicao Silbelly Solano Iguarán, y en consecuencia los principios de moralidad y parcialidad. Los dineros entregados por el entonces candidato a la concejal, se constituye como una clásica compra de una elección, un comportamiento que lesiona el bien jurídico de la nación”, señaló el Fiscal.

Y agregó el representante del ente investigador: “El candidato a la Gobernación de La Guajira tiene una formación universitaria, es titulado como Ingeniero Civil, por lo que actuó con dolo, ya que conocía como ciudadano en ejercicio, y como exfuncionario, las implicaciones de cometer dichos actos, que atentan contra la democracia”.

Durante la diligencia la Policía y el CTI de la Fiscalía custodiaron el Tribunal Superior de Bogotá, dado que al lugar se desplazaron decenas de simpatizantes del político, incluso algunos de ellos fueron expulsados de la sala de audiencia al gritar cuestionando la decisión del magistrado.