Unos 4.700 cabildantes están bajo amenzas y 2.400 de ellos no tienen protección.
Piden más garantías para los concejales del país
Amenazas, falta de capacitación y acceso a becas para estudios universitarios, problemas con la seguridad social y las prestaciones de ley, y un régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones cada vez más riguroso, son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan hoy miles de concejales que ejercen su labor en el país.
Así lo advirtió ayer el senador del Partido de la U, Roy Barreras, durante un debate de control político en la Comisión Primera del Senado, y al que estaban citados los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Salud, Alejandro Gaviria.
De acuerdo con el congresista, más de 4.700 concejales de diferentes departamentos se encuentran hoy bajo amenaza y 2.400 de ellos no cuentan con ningún tipo de protección.
“El 30% de los concejales que cuentan con esquemas de protección han manifestado inconformidad, por la irregularidad en los pagos de reubicación y transporte, teléfonos celulares asignados que no poseen cobertura en muchas zonas del país y entrega de chalecos blindados con fechas de vencimiento del año 2010 o de años anteriores”, aseguró Barreras, según información de la Federación Nacional de Concejales.
Dijo que es preocupante también que existan demoras en la evaluación de los niveles de riesgo.
En cuanto a las garantías de capacitación, el congresista reprochó que no hayan programas claros ni modernos para actualizar a los cabildantes en materia de legislación y otras áreas, aspecto fundamental para su labor.
Barreras también dijo que es necesario unificar la normatividad respecto al acceso a la salud y las prestaciones sociales de los concejales, para garantizar que todos aquellos que no cuentan con un ingreso adicional, puedan recibir un subsidio para pensión.
Entre tanto, llamó la atención sobre la importancia de revisar el régimen de inhabilidades, pues los honorarios del 90% de los concejales corresponden a un salario mínimo, pero el régimen de prohibiciones para estos servidores ha ido aumentando y es cada vez más difícil obtener otros ingresos.
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