La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional, mantener el beneficio del descuento del 10 % en el valor de la matrícula para  todos aquellos estudiantes de universidades públicas que demuestren su participación en las jornadas de votación que se desarrollen en el país.

“El descuento no representa una violación a la autonomía universitaria y el legislador puede intervenir en la administración de las rentas cuando se trata de instituciones oficiales de educación superior”, conceptuó el Ministerio Público, al pedir que se mantenga   lo dispuesto en la Sentencia C-337 de 1997.

En dicha sentencia, el alto tribunal sostuvo que la Constitución consagra el sufragio como un derecho y un deber, por lo que el legislador tiene la posibilidad de desestimular la conducta abstencionista y estimular el sufragio.

“Si el voto de los ciudadanos es necesario para legitimar la democracia, el legislador no solo puede, sino que debe estimular el voto, claro está, sin vulnerar los principios constitucionales”, consideró la Procuraduría.