En medio de la grave situación que afrontan hoy los líderes sociales en Colombia, en donde en lo corrido del año ya han sido asesinados 19 de ellos, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores, para que incluyan en sus Planes de Desarrollo, recursos y acciones encaminadas a garantizar la protección de quienes desarrollan esa labor.

“Es la oportunidad, no para meterle de todo al Plan de Desarrollo como si fuera una piñata, pero sí para priorizar, y qué más importante puede ser para una acción territorial, que garantizar la defensa de la vida, del liderazgo social, la participación política y la participación de las comunidades más afectadas por la violencia”, manifestó el viceprocurador, Juan Carlos Cortés González.

Durante una sesión del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales (PAO), que tuvo lugar en Quibdó, Cortés insistió en la preocupación del Ministerio Público, toda vez que recordó que 45.000 personas  fueron víctimas de desplazamiento y confinamiento en 2019, según informes de la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, consideró que es urgente y necesario “encarar esta situación y buscar estrategias que lleven a la finalización de este flagelo”.

Dijo que la Procuraduría General de la Nación continuará adelantando una rigurosa vigilancia a las acciones del Gobierno Nacional, frente a la protección de los líderes sociales en las diferentes regiones del país, en los que el accionar de los grupos armados persiste.