Un llamado a los entes de control, especialmente a la Procuraduría, hizo el director de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, para que vigilen si los alcaldes y gobernadores están garantizando los espacios de participación a los que tiene derecho esta población, toda vez que son reiterados los reportes que llegan a la entidad sobre el incumplimiento de este compromiso.

“Durante la actual emergencia sanitaria se han perdido espacios que las víctimas habían alcanzado en las diferentes regiones del país. Los comités de Justicia Transicional y otros espacios que tenían las víctimas, pero que los mandatarios locales no les han facilitado para garantizar la participación efectiva”, señaló Rodríguez.

Sardinata, sede de la Oficina de Tierras del Catatumbo

Uno de los problemas que ha llevado a que se restrinjan o limiten estos escenarios es la falta de herramientas como celulares, tabletas y computadores, además de un acceso a internet,  para facilitar que las víctimas puedan participar de forma virtual en las reuniones.

El funcionario dijo que, a través de directivas y memorandos, se les puede solicitar a los alcaldes y gobernadores el cumplimiento de la participación efectiva de las víctimas, para que esos espacios que se habían ganado no se pierdan en el marco de la pandemia, “ya que no podemos ser regresivos con los derechos de las víctimas”.  

Esta participación es un derecho que tienen los afectados por el conflicto para dar a conocer sus propuestas frente a la implementación y seguimiento de la Ley de Víctimas e incidir en la definición de políticas públicas que actúen en su beneficio. 

La Unidad de Víctimas es la encargada de hacer acompañamiento técnico a las Mesas de Participación Efectiva que operan a nivel municipal, departamental y nacional, para que estos escenarios operen de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo expedido  mediante la Resolución 388 de 2013. 

Víctimas reclaman respuestas 

Paralelo  a la petición que viene haciendo la Unidad de Víctimas, Iván Vega Gómez, un líder social que fue desplazado de la vereda La Esperanza, en el municipio de El Carmen, denunció que por cuenta de la pandemia también se ha limitado la atención de esta entidad  en Norte de Santander, pues las oficinas se encuentran cerradas.

“Me he dirigido a varias autoridades como ONG y entes gubernamentales y ellos nos dicen que la Unidad de Víctimas nos debe responder, pero ahorita en la pandemia es un problema porque está cerrado, los pagos están quietos, dieron unas líneas telefónicas y unos correos, pero no contestan”, le aseguró Vega a La Opinión.

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El ciudadano, que fue desplazado en 2008 junto a sus padres, prima y tía, cuando tenía 15 años, señaló que desde hace dos años y seis meses no recibe ayudas de la Unidad (la última fue de $390.000), por lo que afirma que esos recursos se están perdiendo.

“Soy líder social, sé de varios casos igual, hay madres que no han recibido una ayuda ni una indemnización, ni los han llamado para priorizarlos. Ya hubo una huelga en la Unidad de Víctimas, hubo un plantón de madres, pero nada”, aseguró este tecnólogo de sistemas que se dedica a labores de construcción.

Por ahora, la posibilidad que ve este desplazado es liderar una acción legal para exigir sus derechos, por lo que está reuniendo las firmas de otras víctimas que dicen estar en una situación similar. “Nos queda instaurar una tutela colectiva ante la Unidad y el Estado Colombiano a ver si nos ayudan, porque la Unión Europea ha girado recursos y nunca llegan a nosotros. Antes la Iglesia y la Cruz Roja se acordaban de nosotros, pero ahora todo es para los migrantes”, lamentó.