El próximo 27 de junio, los alcaldes y gobernadores que terminan periodo este año tendrán que volver a hacerle frente a una especie de parálisis en sus administraciones, por cuenta del proceso electoral que definirá a los nuevos mandatarios locales y regionales para el periodo 2020-2023.

Esto, en razón a que desde esa fecha, es decir, cuatro meses antes de los comicios, entrará en vigencia otra vez la Ley de Garantías Electorales.

En vista de este panorama, desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) le hicieron un nuevo llamado al presidente de la República, Iván Duque, con el fin de que le dé prioridad al proyecto de ley que elimina las restricciones de esta norma, el cual fue presentado a finales del año pasado.

El propósito de la Federación es que el Gobierno incluya esta iniciativa en las sesiones extraordinarias a las que será llamado el Congreso, a mediados de febrero, y de esta manera se logre no solo su desmonte, sino que la Corte tenga el tiempo suficiente para el control constitucional.

La solicitud fue hecha por el presidente de la FND, Carlos Camargo, durante una reunión que sostuvo Duque con varios integrantes de la bancada del Centro Democrático, en la que analizaron las prioridades del Ejecutivo para las sesiones extras en las que se someterá a discusión el Plan Nacional de Desarrollo.

Lo que propone el nuevo proyecto

El proyecto que plantea cambios a la Ley 996 de 2005 fue presentado por el Centro Democrático, luego de que el mismo jefe de Estado así lo sugiriera, y uno de sus principales objetivos es que solo los convenios interadministrativos que se celebran con entidades del mismo nivel territorial para la ejecución de recursos públicos, queden prohibidos durante los cuatro meses antes de los comicios. 

Así las cosas, los otros procesos de contratación que se necesiten para poner a rodar  proyectos, como los que se celebran con entidades del orden nacional, al igual que las prórrogas, modificaciones o adiciones, sí se podrían mantener durante el proceso electoral y no como ocurre actualmente.

De esta forma, los alcaldes y gobernadores podrían llevar a feliz término las obras que incluyeron en sus planes de desarrollo.

Al respecto, el presidente de la Federación ya le ha insistido al presidente que  las prohibiciones que contempla la Ley de Garantías no tienen los mismos fundamentos hoy, toda vez que en Colombia ya no existe la reelección.

“La Ley de Garantías restringe la posibilidad de trasladar recursos del orden nacional al orden territorial, pero ya no tendría sentido, con la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 de 2015, que eliminó la figura de la reelección presidencial, por lo cual genera una derogatoria tácita por la falta de conformidad a derecho. La norma dejó de ser compatible”, explicó Camargo.

El dirigente recordó que durante esta etapa de restricciones es que muchos gobernantes incurren en ligerezas o equivocaciones administrativas, las cuales después resultan en investigaciones y sanciones en su contra.