El abogado Álvaro Janner Gélvez Cáceres,  apoderado de la excandidata a la Contraloría Municipal, Blanca Cruz González, le reclamó que se anule todo lo actuado por el juzgado  que falló una tutela contra el Concejo de Cúcuta para que vote y elija.

La idea es que el Juzgado Noveno Penal Municipal “regrese a cero todo lo actuado”, incluyendo la  orden de que los concejales voten de una lista con una sola candidata y el desacato que están marcha contra los cabildantes.

En un oficio al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Conocimiento, Gélvez Cáceres reclamó que el despacho que lleva el caso del recurso de amparo, debe  vincular a todas las partes, incluso a quienes fueron dejados por fuera del concurso, por una u otra razón.

“Le solicito decretar la nulidad del auto admisorio y ordenar vincular a todos los aspirantes que se presentaron y cumplían los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley”, escribió el especialista en Derecho Administrativo.

El abogado levantó el dedo acusador hacia  Juzgado Noveno Penal por el de hecho de que  “a través de un procedimiento amañado se haya violado de manera reincidente, sistemática y de varias formas a todos los admitidos en dicha convocatoria pública, el debido proceso”.

Gélvez Cáceres dio a conocer otro fundamento para insistir en su crítica al organismo judicial que entuteló el proceso para la Contraloría, cuya única candidata que quedó en la lista fue Alix Yirley Vargas, esposa del excandidato a la Alcaldía, Jorge Acevedo.

En su concepto, la determinación del Juzgado Noveno Administrativo de admitir una demanda de nulidad y emitir medidas cautelares de urgencia, prueba que sí había otras instancias en el ordenamiento jurídico para tratar el asunto y con  determinaciones más rápidas y eficaces, como la que suspendió las resoluciones de convocatoria, la que cambió los requisitos y aquella que indicó los finalistas de la convocatoria.

El abogado Álvaro Janner Gélvez alegó que el Concejo que es necesario anular las actuaciones del juez de tutela porque el Concejo de Cúcuta ha tenido que “cumplir una orden absurda que atenta contra la democracia”.

La Opinión