Un año se va a cumplir desde que el alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, fue detenido por cuenta del presunto manejo irregular que le dio a un contrato cuyo fin era beneficiar a las víctimas del conflicto armado, y los problemas no terminan para el suspendido mandatario.

Además del fallido intento que hizo hace algunos meses  por recobrar su libertad,  argumentando un vencimiento de términos, Contreras parece no estar cerca de que se le levante la detención domiciliaria que cumple desde octubre del año pasado. 

Lo anterior, por cuanto el proceso que se le sigue por presunto peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, apenas va a entrar en la etapa preparatoria de juicio y la definición de su situación podría demorarse un largo tiempo más.

Así las cosas, el detenido alcalde, elegido para el periodo 2016-2019, tendrá que hacerle frente en prisión a un nuevo obstáculo que se le acaba de atravesar en el camino y que podría complicar aún más sus planes de retornar al Palacio Municipal, si su situación judicial se define antes de terminar el próximo año: la revocatoria del mandato.

La Registraduría Nacional validó 3.438 firmas con las cuales se le da vía libre a la consulta en la que los pamploneses decidirán la continuidad o no del gobernante local.

La decisión le fue notificada esta semana al vocero de la revocatoria, Eduardo Gonzalo Rozo Rico, tras ser firmada por el director de Censo Electoral de la Registraduría, Carlos Alberto Sánchez Piedrahita, y en los próximos días será proferida la resolución que dispondrá la fecha en la que se celebrará la revocatoria y su respectivo calendario.

Lo que se sabe, por ahora, es que una vez notificada la decisión sobre el cotejo de las firmas, la Registraduría  tendrá  un plazo de hasta dos meses para convocar a los electores a votar el mecanismo de participación.

Recuperar la gobernabilidad

Los promotores de la revocatoria aseguraron que la iniciativa surgió a raíz del descontento que hay entre la ciudadanía, no solo por la situación que afronta el alcalde Ronald Contreras y que mantiene a la ciudad con un mandatario encargado desde hace un año, sino por el incumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo.

Según Eduardo Rozo Rico y el concejal Calixto Gélvez, el último informe de la Contraloría de Norte de Santander ubica a Pamplona como el municipio con la ejecución más baja de dicho plan en el departamento, con apenas un 17% de cumplimiento.

Por eso, señalan que con el aval que les acaba de dar la Registraduría, están listos para empezar a promover la campaña en favor del ‘Sí’ y poder contar así con un nuevo alcalde “comprometido con el desarrollo del municipio”.

Para validar esta revocatoria, los promotores deberán lograr que más de 9.400 personas salgan a las urnas el día de la consulta y que la mitad más uno vote afirmativamente.

El caso del suspendido mandatario pamplonés se asemeja al que tuvo que enfrentar en 2017 la alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, quien también fue detenida por una presunta celebración indebida de contratos y tras recobrar su libertad tuvo que hacerle frente a un proceso de revocatoria que al final no prosperó por tan solo 1.064 votos.