La mala hora por la que atraviesa Pamplona, tras la detención de su alcalde, Ronald Mauricio Contreras, parece no tener fin.

Tan solo un mes después de que el gobernador William Villamizar Laguado designara por decreto al abogado Reinaldo Silva Lizarazo para que se hiciera cargo de la administración municipal,  mientras se resuelve la situación jurídica de Contreras, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó este miércoles la suspensión provisional de los efectos de dicho acto.

La decisión se produjo por petición de la misma Secretaría Jurídica de la Gobernación, que les solicitó a los magistrados declarar la nulidad del Decreto 1269 del 7 de diciembre de 2017, mediante el cual se oficializó la llegada de Silva Lizarazo a la Alcaldía de Pamplona.

Lo anterior, en vista de las presuntas inhabilidades en que estaría incurso el designado mandatario y que fueron denunciadas a finales de 2017 por el expersonero de Pamplona, Richard Parada Jáuregui.

De acuerdo con el entonces funcionario, Silva suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales el 5 de julio del año pasado con el municipio de Pamplona.

Dicho convenio tenía como objeto desarrollar programas de titulación de bienes fiscales y estaba fijado por un valor de $13’800.000, el cual se debía ejecutar en cinco meses y 26 días, teniendo como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2017.

En la queja instaurada por Parada Jáuregui ante la Procuraduría Provincial, este advirtió, igualmente, que el pasado 7 de diciembre se suscribió el acta de liquidación del contrato, de mutuo acuerdo, entre Silva y el entonces alcalde encargado, Mohamad Nayed Amra.

Estos hechos demostrarían que Reinaldo Silva Lizarazo estaría incurso en una inhabilidad, según lo establecido en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, y contrario a lo que juró el día que tomó posesión del cargo. 

La Opinión conoció que días atrás la Gobernación le había pedido al alcalde encargado su consentimiento para revocar el decreto, pero este no accedió, por lo que se procedió con la demanda de nulidad.