Es costumbre que cada año al hacer el balance del Congreso de la República se asegure que sus integrantes han cumplido un periodo legislativo histórico, pero realmente el que se vive en la actualidad marcará momentos definitivos para el país, con miras a consolidar el cumplimiento de los acuerdos  de paz, que buscan  poner fin al conflicto de más de medio siglo con las Farc.

Este escenario se tornó mucho más complejo desde el pasado 2 de octubre, cuando el voto por el ‘No’ se impuso en el plebiscito por una escasa mayoría, lo cual llevó a que se tuviera que volver a poner sobre la mesa lo pactado en La Habana, para ajustarlo con base en las propuestas de la oposición.

La inesperada decisión, además, dejó sin piso el Acto legislativo para la paz, que le autorizaba al Congreso un mecanismo de trabajo especial, denominado fast track, con el fin de poder aprobar de forma más rápida las leyes y reformas constitucionales que fueran necesarias para implementar lo negociado.

Con la determinación del pueblo también se cayeron las facultades especiales que le había dado el propio Congreso de la República al presidente Juan Manuel Santos, para que completara esa normatividad y permitiera dar vigencia a los acuerdos.

No obstante, días atrás, el presidente Juan Manuel Santos volvió a agitar el polvorín, al plantear la posibilidad de que el acuerdo de paz pudiera ser refrendado vía Congreso de la República, lo que hizo suponer a muchos que el jefe de Estado ignoraría un nuevo plebiscito.

La polémica que desató sus declaraciones, llevó a Santos a aclarar, horas después, que en realidad todavía no ha decidido cuál será el camino a seguir, aunque planteó tres posibles alternativas para poner en marcha lo que se acuerde, una de ellas la opción del Legislativo.

La otra vía sería convocar nuevamente un plebiscito y la tercera un cabildo abierto en los más de 1.100 municipios que conforman Colombia.

Mientras eso se define, las partes tratan de avanzar en Cuba en un la bitácora que se construyó a partir de las propuestas del ‘No’ y que fueron organizadas en 57 ejes temáticos.

Que haya un pacto

Y mientras en La Habana se busca humo blanco después de la derrota del ‘Sí’ en el plebiscito, en Colombia los integrantes del Congreso analizan las posibilidades mediante las cuales desde esa corporación se podría facilitar la reglamentación e implementación del acuerdo de paz.

El expresidente del Senado, Luis Fernando Velasco Chávez, vislumbra tres escenarios en los cuales el Congreso de la República puede llegar a lograr una pronta reglamentación del nuevo texto.

“Tenemos un escenario y es que se logre hacer acuerdos con alguno sectores y no con todos, uno pensaría que en ese espacio queda la opción del Congreso y el plebiscito. La dificultad que veo es que el plebiscito polariza, aunque en el Congreso hay una fuerza política que tramitaría las reformas”, considera el dirigente liberal.

El peor de los escenarios, según Velasco, es que no haya ningún tipo de acuerdo. “En este vuelven las opciones del Congreso, pero el plebiscito sería muy grave porque polariza. Nadie puede prever un resultado, máxime si los jefes de debate del ‘No’ van a hacer lo mismo de la campaña pasada”.

La tercera opción que sugiere el senador, pero que dice no se quiere imaginar, es un Congreso tratando de sacar o implementar acuerdos con una oposición fuerte, que a punta de reglamento volverá infinito el debate.

Por eso, el senador Velasco es partidario de que se pueda dar una vía intermedia, que permita unos acuerdos mínimos entre todos los sectores políticos y de la sociedad. Es decir, que el nuevo texto del acuerdo de paz incorpore unos cambios que se hayan concertado, aunque en otros aspectos no se haga modificación alguna.

Para el expresidente del Congreso,  hay unos temas que desde el Legislativo podrían avanzar, como por ejemplo, la amnistía que se requiere para los guerrilleros. Sin embargo, considera que hay asuntos como la justicia transicional, la reforma constitucional para la participación en política y la asignación de curules que obligan a hacer enmiendas a la Constitución del 91.

Respecto a la refrendación, el senador Velasco indicó que un escenario adicional como los cabildos abiertos no sería el mecanismo idóneo para lograr su refrendación.

Otro que también considera que los cabildos abiertos no se constituyen en el mejor camino para avalar el nuevo acuerdo que surja de los ajustes que se están haciendo con las Farc, es el presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa.

Frente a los posibles escenarios para la implementación, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cree que lo único claro en este momento es que las reformas que se requieren deben hacerse con base en la normatividad actual.

Es decir, según Motoa, las leyes requerirán de las cuatro vueltas y en algunos casos se podrá convocar a una discusión por la vía del mensaje de urgencia, en tanto que las reformas constitucionales obligan a que se surtan los ocho debates, los cuales se prolongan un año.

“Es el único paso que existe hoy con la reglamentación que hay. No se puede dar un fast track, a menos de que se lleve a un plebiscito”, plantea el senador Motoa.

El congresista piensa que lo que sí es necesario, es lograr un pacto entre los partidos para discutir rápidamente las normas que presente el Gobierno, aunque lamentó que no se hayan presentado mucho antes estas propuestas, eso debido a que se ató el trámite de las mismas al triunfo en el plebiscito.

Una visión más de expectativa frente a lo que se debe hacer por parte  del Congreso de la República frente a la implementación del acuerdo de La Habana, es la que tiene la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Angélica Lozano.

La dirigente considera que es necesario esperar a que se dé el fallo de la Corte Constitucional sobre la vigencia del fast track. Para Lozano también es importante llegar a la discusión de esos proyectos con un nivel mínimo de consenso político.

Las demandas en la Corte Constitucional

El denominado Acto Legislativo para la Paz se encuentra en este momento en su discusión de legalidad en la Corte Constitucional, en donde se tramitan dos demandas en su contra.

Una de ellas y la que relativamente está más avanzada, es la que interpuso el abogado y  exconstituyente Jesús Pérez González, quien en su alegato le pide al máximo tribunal tumbar el llamado fast track, con el cual se buscaba hacer más expedito el trámite de las iniciativas que permitirían la implementación de los acuerdos negociados con las Farc.

Esta demanda ya cuenta con el concepto de la Procuraduría General de la Nación, según el cual, comparten el argumento del demandante. Sin embargo, su estudio en Sala Plena todavía no está programado.    

La otra demanda en la cual están centradas las esperanzas de muchos sectores, en especial el Gobierno, es la que presentó el senador del Centro Democrático Iván Duque, antes del plebiscito y con la que reclamaba que se declarara la invalidez de este mecanismo de participación.

De fallarse a favor del congresista, se caería la votación del 2 de octubre y el Acto Legislativo para la Paz quedaría en firme, lo que permitiría que el Congreso pueda legislar en favor de lo acordado entre el Gobierno y las Farc.

La Corte Constitucional tiene previsto llevar sus sesiones de trabajo hasta el 11 de diciembre próximo y luego se declarará en vacancia judicial hasta la segunda semana de enero de 2017.

Lo anterior permite pensar que cualquiera de estos dos fallos se emita antes de salir a vacaciones.