Cuando según ella ni siquiera la han notificado de su primera destitución emitida por la Procuraduría General de la Nación, la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, recibió otra sanción de la misma índole, esta vez por 12 años y por una situación de conflicto de intereses.

El caso se remonta a la época en que los votantes ocañeros fueron convocados a las urnas para que decidieran si apoyaban o no la revocatoria del mandato de la gobernante municipal.

El organismo de control  disciplinario comprobó que  Prado Carrascal no se declaró impedida para emitir los decretos 097 y 098 del 10 de mayo de 2017, previos al proceso que se cumplió el 21 de mayo del mismo año, “encontrándose incursa en conflicto de intereses”. 

Dentro de las disposiciones de los actos administrativos firmados por la funcionaria se encuentran la autorización de publicidad política y propaganda electoral exterior visual, para ser utilizada durante la revocatoria y las medidas de restricción del tránsito de motocicletas  del  20 hasta el 22 de mayo, con las que se advirtió que pudo haber incidido en los resultados de la consulta.

El Ministerio Público calificó la conducta de Prado Carrascal como falta gravísima, a título de dolo, porque como servidora pública en el ejercicio de sus funciones  influyó y favoreció con sus actuaciones intereses personales, y afectó los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos.

“Contra la presente decisión la disciplinada y su apoderado presentaron recurso de apelación que será resuelto por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación”, se lee en un comunicado.

En 2017, cuando se llevó a cabo la revocatoria, resultado final la favoreció, al obtener la consulta el umbral requerido de 18.418 votos.

Como la alcaldesa Miriam Prado Carrascal se ha excusado de asistir a su despacho por quebrantos de salud y estar en exámenes médicos de diversa índole, desde el 30 de mayo el secretario de Gobierno, el administrador de empresas Juan Pablo Bacca Manzano se desempeña como alcalde encargado. 

Hace 15 días,  la Procuraduría Regional de Norte de Santander resolvió destituir e inhabilitar por 10 años a la alcaldesa del Partido Conservador, al comprobar que suscribió de manera irregular el contrato No. 001 del 7 de enero de 2016, para la prestación del servicio de grúa en Ocaña.

Aunque Prado Carrascal y su apoderado han guardado hermetismo, en la Ciudad de Los Caro se escucha con fuerza que la mandataria invocaría el restablecimiento de los derechos por intermedio de una acción de tutela como en su momento lo hiciera el senador Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá.