Por estos días, los concejos y asambleas de todo el país terminan de elegir a los  contralores y personeros, a partir de las nuevas reglas que estableció  la recién aprobada Reforma al Equilibrio de Poderes.

Sin embargo, el proceso, que fue rediseñado, con el fin de garantizar una mayor transparencia y equilibrio para los interesados en aspirar al cargo, y evitar así la politiquería, ha terminado envuelto en polémica en buena parte del país, por cuenta de las irregularidades en que estarían  incurriendo las corporaciones para favorecer determinados candidatos.

Ante el panorama que se presenta en varios departamentos, la Fundación Paz y Reconciliación, que dirige el analista político León Valencia, adelantó una investigación en la que concluyó que los organismos de control están bajo el mando de los clanes regionales  “y en el bolsillo de los mandatarios locales y regionales”.

“La elección de los máximos jueces del control fiscal y administrativo de los recursos de la Nación, ha estado marcada por el interés de políticos que buscan favorecer a sus redes con el propósito de tener control sobre estos órganos y de esta manera bloquear y limitar las posibles investigaciones sobre la gestión de las administraciones departamentales y municipales”, advierte la Fundación.

Asegura que “las casas políticas cuestionadas”, se las han ingeniado para burlar y corromper la elección a su favor, incurriendo nuevamente en el “yo te elijo, tú me cuidas”.

“Vale la pena destacar que a pesar de los esfuerzos en el cambio de la configuración de los postulados, la responsabilidad final de la elección se mantiene en los concejos y las asambleas, factor que permite la injerencia de los políticos en la elección de estos órganos”, consideran los encargados del análisis.

Lamentaron que el objetivo de la reforma, de lograr que este tipo de elección estuviera menos viciada y politizada que antes, cuando eran los tribunales los encargados de elaborar las ternas, se haya ido desdibujando.

En ese sentido, recordaron que a la fecha la Procuraduría General de la Nación ha abierto 135 investigaciones relacionadas con los procesos de elección de contralores y personeros, en Colombia.

Casos destacados

Según la Fundación Paz y Reconciliación, al menos cuatro casos registrados en el país han llamado la atención de las autoridades: la elección de Emilio Otero, en Córdoba; César Cerchiario, en Cesar; Ricardo Salinas, en Magdalena, y Miguel Arrázola Sáenz, en Sucre.

En el caso de Otero, elegido contralor de Córdoba y hombre de confianza del congresista Bernardo ‘El Ñoño’ Elías, se ha alertado porque acumula 10 denuncias penales y disciplinarias, durante su desempeño como secretario del Senado, las cuales no avanzaron, pese a la rigurosidad de las pruebas.

En ese departamento, dice Paz y Reconciliación, el escándalo inició desde que la Asamblea decidió contratar el proceso de evaluación con la Corporación Unificada de Educación Nacional (CUN), entidad que suscribió contratos por un valor de $56.000 millones con la administración de Alejandro Lyons, aliado de Musa Besaile y de Bernardo Elías, de quien además es cuñado.

En Cúcuta, el proceso también se vio envuelto en una polémica, al punto que todavía no se ha elegido contralor y personero.

La razón es el favoritismo que han tenido en el proceso de selección liderado por la CUN, los candidatos que hacen parte del círculo más cercano del excandidato a la Alcaldía, Jorge Acevedo, y que los tiene hoy como los virtuales sucesores de Carlos Eduardo Coronel (contralor) y Orlando Arturo Puentes (personero).

Lo que ha llamado la atención en el caso de la capital nortesantandereana es que uno de los principales financiadores de Acevedo, en la pasada campaña, Víctor Carrillo, es socio de la CUN, institución que proyecta construir una sede en el centro de Cúcuta.

Acciones de nulidad

Ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander fueron presentadas las acciones de nulidad contra los procesos para designar los titulares de la Contraloría y la Personería Municipal de Cúcuta.

El abogado Álvaro Janner Gélvez solicitó que se anule el contrato con la Corporación Unificada de Educación Nacional (CUN)  y todo lo que hizo en desarrollo del concurso de méritos para el personero, en el cual quedaron en la lista de elegibles  Francisco Cortés Ramírez  y Pedro Yoner Meza Rodríguez, quienes no alcanzaron la calificación requerida y el Concejo lo declaró desierto.

Para ese caso, el tribunal asignó como magistrado ponente a Edgar Bernal.

En lo referente a la convocatoria para la Contraloría, Gélvez denunció las violaciones al principio de idoneidad y al debido proceso, razón por la cual pidió que el Contencioso anule todo lo hecho por la cuestionada CUN. Como magistrado ponente el Tribunal Administrativo designó a Carlos Mario Peña Díaz.

Como en el Concejo el voto en blanco se impuso, el proceso quedó desierto y la única candidata, Alix Yirley Vargas, presentó una tutela que ganó y cuyo desenlace todavía se espera.

*La Opinión