Organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, familiares y allegados a Jorge Luis Solano Vega, el líder social asesinado la semana pasada en la puerta de su vivienda, en Ocaña, emitieron una carta dirigida al Gobierno Nacional, los entes de control y hasta los actores armados, con una serie de exigencias y requerimientos para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Los firmantes insisten en que es urgente implementar un plan de choque para la prevención y protección de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos del departamento, concertando con las organizaciones sociales y representantes de las comunidades, urbanas, rurales y étnicas, las medidas idóneas de carácter individual y colectivo.

Solicitan que, ante las innumerables denuncias de líderes que han sido amenazados de muerte, se haga una exhaustiva revisión a los sistemas de seguridad que otorga la Unidad Nacional de Protección (UNP), y sugieren que este proceso podría adelantarse en el marco de la Mesa Territorial de Garantías.

También exigen, “atender las recomendaciones de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, específicamente las manifestadas en la Alerta 026-18 para líderes y defensores de derechos humanos, y la AT- 034-20 emitida para el municipio de Ocaña”.

Las organizaciones que suscriben la misiva manifiestan, igualmente, la necesidad de avanzar en la implementación del acuerdo de paz, pues en su criterio, es “la forma más eficaz de resolver el problema de los cultivos de uso ilícito, desarrollar el campo, generar las garantías para la efectiva participación de la sociedad civil y construir la paz desde los territorios”

Recuerdan que en este acuerdo se pactó el punto 3.4 con el que se busca “implementar a la mayor brevedad el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política y el Sistema Integral de Seguridad para los Territorios en un esfuerzo conjunto con las comunidades”, acuerdo que, dicen, no se ha cumplido y que urge aplicar lo más antes posible.

Uno de los grandes problemas que ha tenido el Catatumbo y que denunció en las últimas décadas Solano Vega es el abandono estatal y la falta de inversión en la región, por lo que los firmantes piden “articular la intervención integral del Estado colombiano para dar respuesta a los graves problemas sociales y económicos que vive la región, generando espacios de participación con las comunidades”.

Llamado a los entes de control y los actores armados

En la carta se hace un llamado también a los entes de control del orden nacional como la Fiscalía General de la Nación para que adelanten rápidamente la investigación sobre el crimen de Solano Vega con los más altos estándares de investigación criminal, que permita el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los responsables materiales y determinadores. 

De la misma manera, insisten en que se avance en la investigación y el esclarecimiento de los homicidios de todos los líderes sociales del departamento.

En ese mismo sentido, proponen que, cada seis meses, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo organicen un acto público de rendición de cuentas con participación de los liderazgos sociales de la región “en los cuales se dé información concreta sobre el avance de las investigaciones y de los procesos”.

La carta está dirigida también a los  actores armados que mantienen activo el conflicto en el departamento y en particular en la zona del Catatumbo, para que acojan y acaten plenamente los mínimos humanitarios propuestos por la sociedad civil desde la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo, asumiendo el compromiso de respeto absoluto por la población civil en el marco de las hostilidades y el respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario.     

El documento fue firmado por un total de 30 organizaciones sociales, entre asociaciones, fundaciones, sindicatos, gremios, mesas de trabajo, entre otras corporaciones.