Antes organismos de derechos humanos internacionales, pero en particular en el Congreso de los Estados Unidos, los senadores y representantes colombianos de oposición, denunciarán los hechos de espionaje de los cuales fueron objeto por parte de militares que durante el 2019 realizaron 'chuzadas' a políticos, líderes sociales, periodistas y hasta funcionarios de la Casa de Nariño.

Así lo hicieron saber éste domingo, en una carta que dirigieron al presidente Iván Duque, 25 congresistas de oposición, entre ellos Iván Cepeda, Aida Avella, Antonio Sanguino, Pablo Catatumbo, David Racero, Inti Asprilla, Mauricio Toro, Sergio Marín, Katherin Miranda, Wilmer Leal y Julián Gallo, entre otros.

“De nuevo el país ha sido informado a través de un medio de comunicación, y no como resultado de investigaciones judiciales, sobre un gigantesco aparato criminal que ha funcionado desde el más alto nivel del Ejército”, señala la comunicación en uno de sus apartes y explican además que “ante la ausencia de respuesta a estos repetidos hechos acudiremos no solo a instancias judiciales nacionales, sino que enviaremos información detallada a instancias internacionales encargadas de la protección de DDHH y al Congreso de los EE.UU.”

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Expresan además en la carta que esta “nueva operación criminal, similar a la práctica de las 'chuzadas' que vivió el país bajo los gobiernos del presidente Álvaro Uribe, muestra que en Colombia el respeto del derecho a la oposición política es meramente decorativo, y que estamos ante un gobierno autoritario”.

Le dicen además al mandatario que “es evidente que esta nueva situación, como muchas otras que se han venido presentando bajo su gobierno, reafirma que no existen las más mínimas garantías para la oposición política”.

Le piden además identificar la responsabilidad que puedan tener el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, el exministro de Defensa Guillermo Botero, el general (r) Nicasio Martínez, excomandante del Ejército.

“Es evidente que los objetivos de 'perfilar' y 'declarar blancos' a estos ciudadanos ha sido perseguir a la oposición, censurar la opinión crítica, silenciar las denuncias de las violaciones de DDHH, atentar contra la paz, y presionar a magistrados de las altas cortes”.