La Procuraduría Regional de Norte de Santander negó la solicitud de aclaración que había presentado la mandatario local y mediante un edicto emplazatorio ejecutó el fallo proferido el 30 de mayo pasado, que la destituyó e inhabilitó por un periodo de 10 años para ejercer cargos públicos.

Según se conoció, el Ministerio Público consideró que existe suficiente fundamento para proferir y reatificar la decisión que se tomó en este caso.

La salida anticipada de Prado Carrascal se produjo luego de que la Procuraduría Regional confirmara que la funcionaria incurrió en irregularidades en la celebración de un contrato para la prestación del servicio de grúa en el municipio.

Según quedó consignado en el fallo de segunda instancia, la sancionada alcaldesa cometió  un error al ejecutar el contrato de manera directa con el propietario del vehículo utilizado para los operativos de tránsito, sin un respectivo proceso de licitación, como lo especifica la ley.

En vista de que la decisión ya quedó en firme, el gobernador William Villamizar Laguado encargó temporalmente de las riendas de Ocaña al abogado y contador público Wilmar Bayona Ibáñez, quien viene desempeñándose como secretario de Hacienda del municipio.

Esto, mientras el Partido Conservador, que fue el encargado de avalar a Miriam Prado Carrascal en las elecciones de 2015, envía la terna de la cual saldrá el sucesor de la sancionada mandataria hasta el 31 de diciembre, fecha en la que termina el actual periodo de gobierno.

Al respecto, en Ocaña han empezado a sonar ya los nombres de Argemiro Bayona Bayona, exsecretario de Educación del departamento; Marcia Karina Carrascal Haddad, exprocuradora provincial de Ocaña,  y Albeiro Páez Echávez, exdirector del aeropuerto de ese mismo municipio.

A mediados de junio y cuando todavía no se había notificado del fallo que la destituyó, la Procuraduría General de la Nación profirió una nueva decisión en primera instancia de destitución e inhabilidad por 12 años en contra de Prado Carrascal.

En este caso, los hechos están relacionados con un presunto conflicto de intereses, al no declararse impedida para emitir los actos administrativos previos al proceso de revocatoria de su mandato que se celebró el 21 de mayo de 2017.