Por primera vez en la historia de Colombia, y haciendo uso del derecho a la réplica, los partidos de oposición, en alocución televisada, rechazaron las objeciones que presentó el domingo el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

La alocución, que fue hecha en uno de los patios del Congreso de la República, la dirigió la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Juanita Goebertus, quien estuvo acompañada por 13 congresistas de los partidos Polo Democrático, FARC, Verde y Colombia Humana, entre ellos Jorge Robledo, Carlos Antonio Losada, Antonio Sanguino, Aida Abella y Alexander López.

Goebertus, en el discurso, señaló que “la decisión del presidente Duque de objetar apartes de la Ley de la Jurisdicción Especial de Paz pone en grave riesgo la separación de poderes, atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y que nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país”.

Plantearon, además, que el postulado del presidente para objetar la ley sí genera un choque de trenes entre el poder ejecutivo y el judicial.

“Las seis objeciones del presidente implican, en la práctica, desacatar una sentencia de la Corte Constitucional. El Gobierno dice que uno de sus pilares esenciales es la defensa de la legalidad, y sin embargo pone en tela de juicio la constitucionalidad de una ley que ya fue objeto de cuatro debates por parte del Congreso de la República, que fue aprobada con mayoría absoluta, y que fue estudiada durante un año por la Corte Constitucional. ¿Qué puede ser más contrario a la separación de poderes?”, indicó.

Sostiene la oposición que Duque realmente no presentó ninguna razón para justificar los supuestos efectos económicos, sociales o políticos de su implementación, y, “en cambio, retoma preguntas jurídicas que ya fueron resueltas en todos los casos de manera específica por la Corte Constitucional”.

En tal sentido, dicen que la Corte Constitucional ya señaló que las FARC deberán entregar de manera colectiva bienes para la reparación, que en casos excepcionales la JEP puede ajustar los listados de guerrilleros reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque la decisión del Gobierno de acreditar o no, no puede comprometer las decisiones de la justicia sobre su competencia en cada caso.

De la misma forma, dijo que la Corte ya aclaró que la Fiscalía puede continuar investigando y recolectando pruebas hasta tres meses antes de la Resolución de Conclusiones que produzca la JEP, para evitar choques de trenes contantes entre ambas, al tiempo que se avanza en el esclarecimiento de la verdad.

Igualmente, que el alto tribunal ya señaló que en contextos de justicia transicional es fundamental concentrarse en investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos; también que ya advirtió que sí procede la extradición frente a delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016, y que le corresponde a la JEP tener acceso al material probatorio necesario para establecer si tales hechos tuvieron lugar.

Para la oposición, “si hoy se abre esta puerta el mayor riesgo no es el funcionamiento de la JEP: es que se pone en riesgo nuestra democracia y el Estado Social de derecho en su conjunto”.

Plantearon que la decisión del presidente genera gran incertidumbre jurídica entre los excombatientes y desestabiliza los territorios en los que el proceso de construcción de paz es aún muy frágil.

Recuerdan que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque no incluye los recursos del Pacto por la construcción de paz en el Plan Plurianual de Inversiones, y las metas trazadas hasta la fecha no permitirán transformar los territorios más afectados por la guerra, ni satisfacer los derechos de las víctimas.

Explicaron que pese a las objeciones, “la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un andamiaje constitucional muy fuerte que le permitirá seguir funcionando, aún sin la ley estatutaria. A las víctimas y a los excombatientes y militares que están rindiendo cuentas ante la JEP les enviamos un mensaje: crean en el proceso, no se rindan. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que estas objeciones y reformas no prosperen”.

Finalmente, le pidieron a los ciudadanos sacar adelante los acuerdos, “cada estudiante, cada trabajador, cada pensionado, cada organización de sociedad civil, cada empresa, cada mujer y hombre, tiene hoy el potencial de contribuir a la construcción de paz. Las comunidades rurales que más sufrieron la guerra están resistiendo, esperando a que sus territorios efectivamente se transformen. A que no desaprovechemos una vez más esta oportunidad de dejar atrás la guerra para concentrarnos en el desarrollo y la lucha contra la pobreza y la desigualdad”.

En tal sentido, convocaron a una gran movilización nacional el próximo lunes 18 de marzo en defensa de la JEP y de los acuerdos de paz. “¡Hagámoslo! Volquémonos todas y todos a aportar a la transformación de esos territorios. Por eso, hacemos un llamado sentido por la unidad, la paz y la reconciliación y los convocamos el próximo 18 de marzo a una gran movilización nacional. Salgamos juntos, sin importar ideologías, a las calles y caminos de todo el país, no solo a exigirle al Gobierno que cumpla lo acordado, sino sobre todo para que cada persona exprese su compromiso con acciones concretas para avanzar en la construcción de paz, allí donde más han sufrido la guerra”.