Por segunda vez tuvo que ser postergada la audiencia pública a la que fue citada la alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, por parte de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, para que presente sus descargos frente a las  presuntas irregularidades que rodearon la firma de contratos con una empresa que, al parecer, no podía prestar sus servicios a la administración municipal.

En esta oportunidad la diligencia fue suspendida  porque el procurador segundo delegado, Andrés Alejandro Mutis, se declaró impedido para asumir el caso, toda vez que uno de los abogados de la mandataria, Carlos Arturo Mutis, es primo suyo.

En ese sentido, se configura una inhabilidad para que el funcionario pueda adelantar la investigación, toda vez que tiene un lazo de consanguinidad con una de las partes del proceso.

Así las cosas, será necesario esperar que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría resuelva la solicitud del delegado y determine si acepta o no su impedimento.

De hacerlo, ese despacho deberá enviar el expediente a un nuevo procurador delegado y por esa razón la fecha para la próxima diligencia quedó en veremos.

El caso que tiene bajo la lupa del ente de control a Prado Carrascal, así como a sus secretarios de Vías, Infraestructura y Vivienda, Jorge Armando Navarro Rueda; Gobierno, Juan Pablo Bacca Manzano,  y al director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Ocaña, Wilson Fernando Arenas Mejía, se relaciona con la firma de contratos de suministro y consultoría con la Sociedad EEAA Service SAS.

Esta empresa se encuentra representada legalmente por Édgar Enrique Ataya Sánchez, quien hizo aportes por $20 millones a la campaña de la alcaldesa, en 2015.

Para el Ministerio Público, con esta actuación, Miriam del Socorro Prado Carrascal habría incumplido su deber de vigilancia y control sobre la contratación estatal.

La audiencia había sido citada inicialmente para el 4 de julio, pero ese día tuvo que aplazarse por cuanto el abogado de la alcaldesa no pudo llegar a la diligencia.