El fantasma de la violencia que por décadas ha golpeado a Norte de Santander está volviendo a hacer de las suyas en el proceso electoral que está en marcha y que finalizará el próximo 27 de octubre.

Esa es una de las principales conclusiones que arrojan los mapas de riesgo presentados entre el jueves y el viernes por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, y en los que este departamento se ubica en los primeros lugares, dado el alto nivel de amenaza que se cierne sobre el desarrollo de los comicios.

Según la alerta emitida por el Ministerio Público, Norte de Santander es el tercer departamento con más municipios en riesgo alto para la contienda que se avecina, especialmente por factores de violencia como amenazas, incidencia del conflicto armado y áreas con cultivos ilícitos.

En total, en la región son 18 las poblaciones que en este momento registran entre un 48% y 97% de amenaza, principalmente en la zona del Catatumbo. 

Los casos más preocupantes, de acuerdo con el informe de la Procuraduría, son: El Tarra, Tibú, Convención y Sardinata, pues el nivel de riesgo bordea el 100%.

De hecho, estos municipios se ubican en los primeros lugares del top 5 de localidades con los porcentajes más altos de vulnerabilidad para las elecciones, después de Tumaco (Nariño).

 “Los procesos electorales siempre son el peor escenario para que se agudice esa violencia. Estimado señor presidente, el momento requiere de una intervención intrépida y de una estrategia conjunta del Estado, ante el incremento de la situación de riesgo tanto de los líderes sociales como de los políticos, en pleno calendario electoral”, manifestó el procurador general, Fernando Carrillo Flórez.

Y es que según lo dicho por el jefe del Ministerio Público, a la fecha, 47 líderes y lideresas sociales y candidatos a cargos de elección popular, han recibido amenazas contra su integridad.

A nivel nacional, de los 1.102 municipios de Colombia, 315  se encuentran en un nivel de riesgo alto para las elecciones de octubre, es decir, casi un 29% del país.

Ante estas cifras, Carrillo le pidió al jefe de Estado la instalación inmediata de un puesto de mando, monitoreo y control que haga seguimiento y resuelva de manera urgente las amenazas contra los comicios del 27 de octubre.

Además de los factores de violencia, el índice elaborado por la Procuraduría General de la Nación también incluye variables como trashumancia electoral, quejas electorales, abstención y candidatos investigados. De la misma forma, el contexto de los municipios, es decir, índice de pobreza, índice de desempeño fiscal, medición de desempeño, entre otros indicadores.

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La alerta de la defensoría

Para la Defensoría del Pueblo, el número de municipios en alerta y riesgo para las elecciones que se avecinan es mucho más alto: 402 y 16 áreas no municipalizadas, señalan.

Al igual que lo advirtió la Procuraduría, esta entidad aseguró que Norte de Santander es uno de los departamentos que debe contar con un seguimiento especial durante el proceso democrático que está en marcha, pues figura en la lista de regiones en las que más conductas vulneratorias se han presentado, cinco casos en total.

“El riesgo identificado obedece a lógicas regionales, subregionales y locales de confrontación armada, control social y territorial, así como escenarios de alta conflictividad social”, manifestó la Defensoría.

Según se explica en la alerta temprana publicada esta semana, el Catatumbo y la frontera con Venezuela son zonas con un nivel de riesgo extremo, por cuanto son territorios en disputa armada. A Cúcuta, entre tanto, la ubican con un nivel de riesgo alto, en la medida que es una zona con una alta conflictividad social.

Los grupos armados al margen de la ley que se podrían convertir en una amenaza para el desarrollo de las elecciones en Norte de Santander son: Eln, Epl, disidencias de las Farc, grupos posparamilitares, entre otros de delincuencia organizada.

“La presencia de estos grupos está estrechamente ligada con la presencia de economías ilícitas y disponibilidad de amplios recursos ilegales en las regiones que, potencialmente, podrían ayudar a cualquier candidato”, advirtió la Defensoría.

En esa medida, alertó al Gobierno y a las autoridades electorales, que esa oferta de dinero ilegal para la financiación de campañas no tiene una vigilancia específica del Estado, “razón por la cual la financiación de candidatos con dineros ilegales es un gran riesgo para las elecciones. En este escenario hay actores armados nacionales y transnacionales del narcotráfico, como oferentes de dichos dineros”.

La entidad también detalló que los principales afectados con las conductas vulneratorias son: 147 precandidatos, candidatos o miembros de organizaciones políticas. Otras 56 acciones colectivas de amenaza involucraron a candidatos a los diferentes cargos de elección y militantes de sus campañas o de los partidos que los avalaron.

“La campaña electoral debe permitirnos reflexionar y avanzar en mensajes de respaldo, apoyo y reconocimiento para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, para que en este proceso electoral no muera ni un líder más”, planteó el defensor nacional del Pueblo, Carlos Negret.