Un panorama poco alentador en materia de Derechos Humanos fue el que se registró durante el 2016 en Norte de Santander, pese al acuerdo de paz que fue posible con las Farc, una de las guerrillas más activas en el departamento.

Seis verificadores de Derechos Humanos asesinados, un líder comunitario desaparecido, desplazamientos forzados masivos, amenazas y un considerable aumento de la violencia en las zonas donde hay una fuerte presencia de economías ilegales como el narcotráfico, hacen parte de la radiografía que presentó ayer, en Cúcuta, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según el informe anual del organismo, esta región del país fue una de las más afectadas por todo tipo de agresiones entre enero y diciembre.

La ONU documentó que durante el año pasado se presentaron 47 emergencias humanitarias, en razón de nuevos desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones de la movilidad, las cuales se concentraron en zonas de difícil acceso de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Por estos hechos, aproximadamente 13.864 personas se vieron afectadas en las diferentes regiones, aunque no se precisó cuántas de ellas corresponden al departamento.

De la misma forma, el organismo internacional encontró que si bien el proceso de restitución de tierras ofrece importantes experiencias, la seguridad de los reclamantes sigue siendo un reto para las autoridades, pues los beneficiarios de la ley todavía son objeto de agresiones y estigmatizaciones en zonas como el Catatumbo.

“Las actividades económicas ilícitas, el crimen organizado y la débil presencia estatal en estas áreas aumentaron los riesgos para los reclamantes”, concluyó la ONU.

Aumento de la violencia

Uno de los hechos que llama la atención del informe anual de las Naciones Unidas y que ha generado preocupación dentro del organismo, es que ante la salida de las Farc de las áreas rurales en las que ejerció el control durante décadas, el riesgo de violencia relacionada con actividades ilegales se incrementó.

“Esto ha generado que líderes sociales, comunitarios,  y defensores de Derechos Humanos sufran más amenazas y más atentados contra su vida que en épocas anteriores”, manifestó Guillermo Fernández-Maldonado, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El funcionario consideró que la respuesta a estas situaciones debe ser integral, pues además de la intervención de la Fiscalía, se debe ir a la causa del problema.

“Internacionalmente la sustitución respeta mejor los Derechos Humanos y es más sostenible en el tiempo, pero supone también inversión pública y privada, en alternativas económicas y eso es lo que estamos trabajando con el Estado y las empresas, sobre cómo hacerlo en el Catatumbo, por ejemplo”, consideró Fernández.

Dijo que la atención para estos territorios no debe ser solo militar, sino dar opciones a las comunidades para que se desarrollen en medio de economías legales.

Embajadores irán a Tibú

Como parte del trabajo que viene adelantando la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Catatumbo, el organismo tiene prevista para hoy una visita a Tibú con funcionarios diplomáticos que quieren conversar con las comunidades.

Hasta el momento han confirmado su participación en la actividad el embajador de Países Bajos en Colombia y el representante político de la Embajada de Canadá.

Los funcionarios harán un recorrido por algunas de las veredas del municipio para escuchar a sus pobladores y conocer cuál es la situación de la zona hoy, teniendo en cuenta que allí está ubicado uno de los puntos de concentración de las Farc.