El conflicto armado que desde hace más de medio siglo se libra en el país no solo ha dejado profundas heridas a millones de colombianos, sino también graves afectaciones a la salud de las comunidades y la integridad de cientos de profesionales de esta área que solo intentaban hacer su trabajo.

De acuerdo con un informe revelado el jueves por la Comisión de la Verdad, en el marco del ‘Quinto encuentro por la verdad’, desde 1958 hasta el año pasado se han registrado y documentado al menos 2.419 infracciones a la misión médica, entre las que se cuentan violaciones, asesinatos, amenazas, desplazamientos o casos en los que obligan al personal a hacer actividades en contra su voluntad.

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Norte de Santander no ha escapado a esta cruda realidad y según los datos que maneja la Comisión, con 121 casos, el departamento es el quinto con más afectaciones al personal médico y a la infraestructura hospitalaria en estos 60 años. Antes aparecen Antioquia (281 casos), Nariño (145), Caquetá (126) y Arauca (124). 

En el Catatumbo es donde persiste la mayor amenaza tanto para el ejercicio de los profesionales de la salud, como las dificultades para el acceso a un buen servicio médico, por la misma confrontación armada que es cada vez más fuerte en la zona.

Uno de los casos más recientes que se recuerda, es el ataque con arma de fuego del que fue víctima la médica venezolana Leidy Cáceres Pernía, perteneciente a la ESE Regional de Tibú, quien recibió un impacto de bala cuando salía del Hospital. El hecho fue atribuido a la guerrilla del Eln.

A raíz de lo sucedido y tras las constantes amenazas y presiones de las que venían siendo objeto, en marzo, nueve médicos presentaron su carta de renuncia al Hospital de Tibú, por temor a correr la misma suerte de su colega.

Por esta situación, las directivas del centro médico tuvieron que suspender las jornadas extramurales a la población por la falta de médico y concentrar la atención de servicios solo en la sede principal.

El portal de La Opinión, www.estoyenlafrontera.com, reportó hace algunos meses que las cifras de agresiones contra la misión médica en el Catatumbo han ido en aumento, pues mientras que en 2018 se presentaron 15 ataques, el año pasado fueron 25 las infracciones. Entre tanto, a la fecha, un total de 14 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) han sido afectadas, siendo Tibú el municipio con más hechos registrados.

Grave impacto a la salud rural

Según el informe presentado por la Comisión de la Verdad, los impactos del conflicto en la salud rural han sido muy graves y, de acuerdo con las estadísticas, en estos 60 años ha habido un total de 1.449 infracciones a la misión médica en las áreas más apartadas del país.

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En territorios catalogados como PDET (donde se adelantan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) se han presentado al menos 625 homicidios, 510 amenazas, 51 lesiones personales y 101 desapariciones forzadas. A esto se le suman 36 casos de tortura y 107 de desplazamiento forzado y despojo. 

“En algunos casos, los puestos y centros de salud rurales son usados como escuelas de formación militar, centros operacionales de la guerra y sitios de tortura”, dice el informe.

‘Lo sagrado es la vida’

La Comisión de la Verdad también estableció que durante más de medio siglo se han registrado 92 hechos victimizantes contra sabedores ancestrales (médicos y sabios tradicionales de comunidades indígenas y negras) y 89 casos en los que promotoras de salud rurales han resultado violentadas durante el cumplimiento de su labor.

La investigación revela, además, que más de 800 personas vinculadas al sector salud fueron asesinadas desde 1958. Los responsables de los actos han sido la guerrilla (34%), los paramilitares (20%) y la Fuerza Pública (6%). Uno de los datos que llama la atención es que en más del 40% de los casos no se sabe quién fue el autor. Las principales víctimas son jóvenes entre 25 y 27 años.

Ante esta compleja radiografía, el padre Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad, manifestó que el trabajo de los galenos tiene un sentimiento de sacralidad y que el hecho de defender una vida no los hace partícipes de un grupo subversivo u otro.  

“Lo sagrado no son las instituciones, lo sagrado no son las empresas, ni los bancos, ni el Estado, ni el Ejército, ni la guerrilla, lo sagrado es la vida como se da en cada ser humano. Cualquier servidor del Estado está para proteger la vida de los colombianos, eso nos lo enseñan a nosotros los trabajadores de la salud y las mujeres que a todo riesgo en los sitios difíciles, y en medio del conflicto, han arriesgado todo para proteger la vida de nosotros. Ojalá lo comprendiéramos así”, dijo durante su presentación.