El nuevo intento hecho por la defensa del suspendido alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, para lograr su libertad mientras avanza el proceso en su contra por las presuntas irregularidades en un contrato a favor de las víctimas, volvió a resultar fallido.

El juez Penal del Circuito de Pamplona con funciones de conocimiento, Miguel Leal González, mantuvo, en segunda instancia, la detención domiciliaria del mandatario, así como del exsecretario de Gobierno, Jeiver Saith Acero Basto.

Los dos funcionarios son procesados por los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, a raíz de las presuntas irregularidades que se presentaron en el contrato suscrito entre el municipio y la Corporación Vida y Progreso, por un monto de $164 millones, y que tenía por objeto fomentar entre las víctimas del conflicto armado la creación de proyectos productivos sostenibles.

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Los abogados de los investigados habían solicitado la libertad de Contreras y Acero, por vencimiento de términos, alegando que el proceso  fue conocido de manera extemporánea, pues llegó a manos de la jueza Segunda el 28 de febrero, es decir, pasados los 125 días de ley.

No obstante, al igual que lo determinó la primera instancia, el juez penal de Pamplona confirmó, ayer, que el trámite y conocimiento del escrito de acusación en contra del alcalde y del secretario se dio en los términos previstos y, por lo tanto, no había lugar a concederles la libertad.

“Esta es una decisión que, desde mi punto de vista y siendo muy respetuoso, no trasciende en los principios fundamentales del derecho y lo que instituye el artículo 336 del Código Penal”, manifestó el abogado Sair Contreras, uno de los defensores del alcalde pamplonés, detenido en octubre de 2017.

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Al término de la nueva diligencia, en la que no se hizo presente ninguno de los procesados, Contreras anunció que  la investigación sigue y que para el próximo miércoles 16 de mayo está prevista la audiencia en la que la Fiscalía presentará el escrito de acusación contra los dos funcionarios.