En medio de la polémica que hay en el país por cuenta de la propuesta del Centro Democrático de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un ingrediente adicional atizó en las últimas horas la discusión y dejó encendidas las alertas sobre la desfinanciación de esta justicia.

El Congreso de la República no aprobó una proposición que buscaba incorporar una partida adicional de $30.000 millones en el presupuesto general de la Nación para 2021, solicitada con antelación al Gobierno Nacional.

Este dinero, explicó la JEP, es indispensable para la protección de las víctimas, testigos e intervinientes, y para la propia operación de la justicia transicional.

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“Aunque desde un inicio a la JEP no le fueron asignados los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto, con una diferencia de $88.000 millones entre los solicitado y lo asignado, consciente de las limitaciones fiscales por causa de la pandemia, ajustó sus necesidades y limitó la solicitud de adición a $30.014 millones, sin obtener el aval del Gobierno Nacional, lo cual es indispensable para la aprobación del Congreso”, manifestó la Jurisdicción en un comunicado.

La senadora Milla Romero, quien es la promotora de la eliminación de la JEP, señaló que con el presupuesto que recibió esa institución este año se hubiera podido financiar el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema y la Constitucional y quedaban recursos para subsidios.

Desde la oposición, las críticas por la actitud del Gobierno y el Congreso no se hicieron esperar, por lo que calificaron lo sucedido como un ataque a la columna vertebral del acuerdo de paz.