Dos candidatos a las Alcaldías de Suárez (Cauca) y Toledo (Antioquia), y uno más al Concejo fueron asesinados en apenas una semana en Colombia. En San Calixto, otra aspirante a la Alcaldía de ese municipio se salvó, tras un atentado cometido en su residencia, el martes anterior.

Estos hechos violentos, sumados a otros 24 que se han registrados en el último mes y en los que todas las víctimas son candidatos a las elecciones del 27 de octubre, tienen encendidas las alarmas por el nivel de riesgo en que se encuentra el proceso democrático que está en marcha.

Desde la Misión de Observación Electoral (MOE) han planteado ya que, contrario al panorama que había rodeado las últimas elecciones celebradas en Colombia, en las que las acciones violentas disminuyeron o se estabilizaron, el fantasma de la violencia está retornando con fuerza para los próximos comicios.

Y es que según cifras de la Misión, en promedio cada día y medio se presenta un hecho de alteración a la actividad política, comprometiendo la vida o la seguridad de los candidatos.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, no duda en considerar que lo que está sucediendo guarda una similitud con la grave situación que vivió el país en los años 80 y 90, en los que se dio el exterminio de la Unión Patriótica, pero con la gran diferencia de que ahora no se afecta a un solo partido sino a todos los que están en competencia.

El siguiente es el análisis de la Misión sobre todo lo que viene ocurriendo.

¿Los recientes hechos de violencia alrededor de la campaña electoral suponen que se acabó esa tranquilidad de los últimos procesos?

Sí se cambió y se cambió desde el año pasado. Estábamos viendo que veníamos a una campaña que iba a ser completamente diferente. Desde mediados de 2018 el tema del asesinato, amenazas, atentados a líderes sociales y a líderes comunales empezó a hacerse presente y lo que nosotros empezamos a ver con eso y la lectura que hicimos en ese momento era que la situación iba a ser compleja, por eso empezamos a hacer seguimiento.

¿Se emitieron alertas desde entonces?

La primera alerta la dimos antes del 27 de octubre del 2018. Ya como precandidatos se empiezan rápidamente a incrementar hechos de violencia hacia quienes estaban pensando postular su nombre. Después del 27 de julio, siendo ya candidatos, uno empieza a ver en las regiones es que esas expresiones de liderazgos sociales que pasaron al ejercicio de la política son las más afectadas frente a diferentes hechos de violencia política. Hemos visto que cada día y medio está ocurriendo un hecho de violencia política. Nos estamos regresando a una situación de violencia electoral de la década de los 80 y 90, cuando hacer política en este país era una actividad de alto riesgo.

¿Esta violencia de qué grupos viene?

Viene de muchos sectores. Cuando se ve la región del Catatumbo, por ejemplo, claramente se identifica a Los Pelusos, disidencias y grupos ilegales sin ningún tipo de identificación. Se debe tener cuidado cuando se atribuye un hecho a las disidencias, porque cualquiera que se ponga una marca que diga Farc, inmediatamente se le identifica así sin serlo. Las disidencias no están estructuradas y se fusionan por grupos.

¿Cuál es la relación del narcotráfico con estas elecciones?

El narcotráfico también está presente en este proceso electoral y hay algo que hemos resaltado: la relación entre economías ilícitas, financiación de las campañas políticas, corredores y territorios donde están esas economías y el ejercicio de la política. No se puede dejar de lado que si bien el narcotráfico es ilegal, es además un exportador ilegal y en el contexto económico actual, el incremento del dólar los está favoreciendo, pues hacen mejores negocios.

¿Esta violencia promovida por los actores ilegales tiene el propósito de imponer sus propios candidatos?

No sé qué tantos intereses políticos de poner a uno u otro candidato tengan, pero lo que es claro es que están enviando el mensaje de que son ellos los que tienen la capacidad de dominar el territorio. Con un solo atentado a un aspirante, inmediatamente los otros candidatos entienden el mensaje de que con los que hay que hablar después, si ganan, es con ellos, porque sí tienen capacidad de afectación.

¿En qué regiones se ubican las principales alarmas de la MOE?

La zona del Catatumbo, Arauca y su capital; Nariño, Cauca, Valle y Chocó. También la región del Urabá y el Sur de Bolívar, Los Montes de María.

¿Ustedes saben en cuántos municipios los candidatos no pueden salir a hacer campaña?

No tenemos por ahora esa información, estamos haciendo un monitoreo, pero depende de que los candidatos informen. Los partidos deberían ser quienes reciban esa información de sus candidatos. Arauca no es un departamento pacífico; en Cauca ya enviaron el mensaje, hoy no sé con qué tranquilidad salen los candidatos a hacer campaña. En Chocó ya hay un candidato secuestrado; en el Patía, en Nariño, están evidentes las autodefensas.

¿A nivel de capitales, ¿tienen identificados riesgos para hacer campaña?

En Cartagena hubo amenazas a dos candidatos, en Cali está amenazado otro. Cuando eran precandidatos Claudia López y Antonio Navarro sufrieron amenazas en Bogotá. En las capitales es mucho más fácil poder hacer un control de daños, los candidatos tienen mejores esquemas de seguridad, mientras que en los corregimientos y veredas no es así.

¿La MOE considera que será necesario cambiar puestos de votación para el 27 de octubre?

Estamos convencidos de que el esfuerzo que se viene haciendo desde hace diez años para no cambiar un puesto de votación es grande. Cambiar un puesto de votación es una derrota para el Estado, porque lo que se hace es decirle al ilegal que ganó. La decisión debe ser mantener los puestos, protegiendo la vida de los jurados y de los mismos ciudadanos.

Delitos electorales

¿Los hechos de violencia que se vienen presentando en el país están tapando los delitos electorales?

Claramente retrocedimos. El año pasado, los informes de violencia estaban casi estáticos. Al correr esté telón, de fondo estaban los delitos electorales, la compra de votos, el ofrecimiento de bienes y servicios por parte de funcionarios públicos para favorecer determinados candidatos, constreñimiento al elector, presión para que los funcionarios voten por un determinado candidato o la imposición de jurados de votación para presionar la contabilidad de los votos. Esto llevó a una reforma legal y nuevos delitos penales.

De acuerdo con el seguimiento que ha hecho la MOE, ¿cuál es la región en donde se estarían comprando más votos?

Hemos recibido información de casi todas las regiones, de que hay ofrecimientos de bienes y servicios a cambio del voto o de que hay la compra del sufragio.

¿Es preocupante que el Consejo Nacional Electoral siga aún en este momento estudiando la legalidad de inscripciones, presuntamente viciadas?

Lo preocupante es que las inhabilidades para ser candidatos están regadas en diferentes leyes, no es claro todas las que se tienen ni los tiempos que se tienen sobre las mismas. Acá hace un trabajo muy importante la Ventanilla Única y la Procuraduría cuando informa sobre los inscritos. El CNE tiene que tomar decisiones prontas, porque antes de finalizar septiembre debe quedar lista la tarjeta electoral.

¿Qué tipo de sanciones podrán recibir los partidos que inscriban candidatos inhabilitados?

La sanción le va al partido y pueden ir desde sanciones hasta multas económicas o incluso la cancelación de la personería jurídica.