Que el Concejo de Cúcuta cite a un debate de moción de censura a un funcionario de la administración municipal  es algo inédito en la capital nortesantandereana.

Es por esta razón que la audiencia a la que fue convocado el secretario de Gobierno, Francisco Javier Cuadros, para el próximo 10 de noviembre a las 9:00 de la mañana, con el fin de que responda por presuntas irregularidades en el manejo del espacio público ha generado una discusión en la ciudad sobre la forma como decidió proceder la corporación

Como se sabe, la propuesta fue impulsada por los concejales Jorge Acevedo, Luis Alejandro Castellanos, José Oliverio Castellanos, Edison Contreras, Jair Antonio Díaz, Edwin Hernney Duarte, José Leonardo Jácome, Juan Diego Ordoñez, Nelson Ovalles, Álvaro Andrés Raad y Yanet Carime Rodríguez, quienes conforman el bloque mayoritario en el cabildo.

El argumento sobre el cual justifican el particular llamado al funcionario, es el manejo que desde el despacho que dirige se le ha dado al espacio público de la ciudad, concretamente en lo que respecta a la demarcación de las calles para que los vendedores informales tengan un espacio asignado sobre las vías.

En ese sentido, Cuadros deberá responderle a la plenaria, “¿cuáles fueron los argumentos de orden constitucional, legal o normativo y el procedimiento aplicado para demarcar, alinderar y/o entregar áreas de espacio público y parcialmente algunas vías vehiculares del centro de la ciudad a particulares?”.

Posiciones encontradas

La postura asumida por el grupo de 11 concejales ha suscitado el rechazo de algunos de sus compañeros, como Edward Varón, del partido de gobierno, la Alianza Verde, quien por medio de un comunicado reprochó la citación de Cuadros al debate de moción de censura y advirtió que no comparte esa intención.

“Es una propuesta desproporcionada que falta al debido proceso, con graves errores jurídicos que se pueden evidenciar al consultar los numerales 11 y 12 del Artículo 313 de la Constitución Política, donde se dan claridades sobre las funciones de los concejales y las razones para proponer una moción de censura”, asegura.

El mencionado artículo sostiene que una “moción de censura es el procedimiento por el cual el Concejo puede exigir la separación del cargo de los secretarios del despacho del alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Municipal. Se da en caso de que el funcionario se extralimite en sus funciones, que por el contrario no desarrolle sus funciones a cabalidad correspondientes al cumplimiento del Plan de Desarrollo y que falte sin excusa a las citaciones que le haga el Concejo de la ciudad”.

Para Varón, hasta el momento no se ha realizado un debate de control político sobre los resultados y el desempeño del secretario de Gobierno y, por eso cree que “esto va en contra de los principios del debido proceso como derecho humano”.

“Al secretario se le invitó el pasado 21 de octubre, más no se le citó a un control político para que diera claridades sobre las vallas que se encontraban ubicadas alrededor del parque Santander. Por motivos del paro nacional, el secretario asistió al Concejo para dejar una constancia donde solicitaba reprogramar el debate citado, toda vez que se encontraba coordinando el puesto de mando unificado que estaba atento a las movilizaciones que se iban a desarrollar ese día”, planteó el concejal Verde.

No obstante, su compañero de corporación, José Oliverio Castellanos, uno de los promotores de la moción, le salió al paso a las críticas  de su colega y le solicitó que estudiara mejor la Constitución en lo que respecta  a las funciones que pueden ejercer como concejales.

“El Concejo, dentro de la Constitución Política, tiene esa herramienta para lograr generar el debate y en ese sentido el secretario de Gobierno violó sus funciones legales, se extralimitó cediendo el espacio púbico a vendedores ambulantes; nadie en Colombia tiene ese derecho constitucional. El único mecanismo para concesionar el espacio público es a través de un proyecto de acuerdo que debe ser estudiado en el Concejo, esa es mi opinión”, explicó el corporado.

Castellanos descartó que la moción esté ligada a una retaliación por el accionar del alcalde y, por el contrario, manifestó que hoy el Concejo de Cúcuta está estudiando los proyectos de acuerdo que están radicados y que hasta ahora  han aprobado todas las iniciativas propuestas por el mandatario.

“Generamos, por ejemplo, el debate para la aprobación del Plan de Desarrollo. Esto (la moción) es un tema de nuestras funciones constitucionales, porque después nos van a investigar debido a esa asignación del espacio público”, dijo.

El concejal aclaró que el próximo 10 de noviembre se dará el debate y que la norma establece que la votación sobre la aprobación o no de la moción se debe adelantar cuatro días después.

Más críticas

Otro que se mostró de acuerdo con que el Concejo no procedió bien frente a este llamado hecho al secretario de Gobierno, es el abogado y exconcejal Carlos Jaimes, quien ha sido duro crítico de la administración de Jairo Yáñez.

“Lo primero que debe hacerse conforme a los numerales 11 y 12, según el Artículo 313 de la Constitución, es citar a un debate de control político, donde el funcionario responda un cuestionario,  pero ellos citan al debate diciendo que habrá moción de censura, sin que se haya materializado el incumplimiento al Plan de Desarrollo o la desviación a las directrices del Concejo”, subrayó.

Jaimes agregó que una moción de censura se debe adelantar sobre la base  de un extenso cuestionario que le permita argumentar al citado las razones que tuvo la administración para delimitar las calles del centro de la ciudad.

“Es lamentable que solo hay una pregunta; no hubo ese interés del Concejo para elaborar un nutrido cuestionario con unas preguntas que pudieran determinar las causales anteriormente establecidas. Esa pregunta que formularon se va a referir a los fundamentos jurídicos y no se va poder determinar el incumplimiento al Plan de Desarrollo ni la desviación de las directrices del Concejo. En ese sentido, le auguro un fracaso a la moción de censura”, señaló.

Por su parte, Luis Arturo Melo, docente y abogado consultor en derecho público y empresarial, sostiene que el debate citado “obedece a un protagonismo personal que es buscado por los concejales”.

“No creo en esas mociones de censuras, no creo en esos cabildos abiertos porque no tienen contenido, son simples posiciones personales, relativas al protagonismo que fabrican ellos mismos en periodos preelectorales. No veo que tengan la autoridad moral para hacer ese debate de moción de censura”, afirmó.

Para el docente, el mecanismo de la moción de censura es “muy débil y por eso casi nunca prosperan. El mecanismo constitucional de la censura está condicionado a la mermelada, al protagonismo político de los camaleones grandes que son los señores del Congreso. Esa moción es un protagonismo preelectoral de los concejales y políticos”, reiteró.

Habla el alcalde

La Opinión consultó al alcalde Jairo Yáñez para conocer su posición sobre la citación del Concejo que podría dejar por fuera del cargo a su secretario de Gobierno y al respecto señaló que es “fundamentalmente respetuoso del ordenamiento jurídico a lo que está establecido”.

“Asumo la total responsabilidad del gobierno y de mis funcionarios respecto de la gestión de gobierno. Sobre lo que el alcalde no puede responder es por situaciones de orden personal y de persuasión personal, por lo que cada funcionario debe asumir su propia defensa. Llamo más bien a la unión, tanto del Concejo como a la misma administración, para trabajar unidos por la ciudad”, respondió.

Así fueron organizados los vendedores informales en el centro. Foto Archivo La Opinión.

¿Qué se dice sobre la demarcación?

El arquitecto Wolfang Carvajal, magíster en Estudios Urbano-Regionales y director del Observatorio de Dinámicas Territoriales en Frontera Binacional, terció en la discusión que se ha dado sobre la citación de Francisco Cuadros y desde su cuenta de Twitter explicó lo que viene haciendo la administración municipal en el espacio público, argumentos que en determinado momento podrían servirle al funcionario en su defensa.

El arquitecto sostiene que en enero pasado, tras haber participado en el proceso de empalme, hizo parte de la construcción del Plan de Desarrollo, donde se incluyó el programa de espacio público que además de la caracterización, saneamiento y recuperación, propende por la creación de la Política Pública de Vendedores Informales y Espacio Público PP.

Carvajal contó que, en esa línea, en febrero, la Alcaldía de Cúcuta, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobierno, adelantó  una caracterización de vendedores informales que arrojó alrededor de 3.700 personas. Cúcuta presenta indicadores de informalidad del 68,8% y de desempleo del 27,9%

“Según la OIT, las leyes no deben buscar excluir a los trabajadores informales de los lugares públicos, ni establecer que sus actividades comerciales son ilegales, sino definir y poner en marcha procedimientos para que obtengan los permisos para llevar a cabo sus servicios”, escribió en Twitter.

Sobre la demarcación de las calles, el arquitecto dice que el procedimiento “permite liberar el andén para el flujo peatonal, algo que evidenció el grado de deterioro físico de los andenes del centro, por su parte, se redujo el espacio del vehículo privado, lo cual no modifica ni reduce el tránsito vehicular”.

Carvajal asegura que todas las implementaciones respecto al espacio público “