Un grupo de 15 exfuncionarios que estuvieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, emitieron éste lunes una carta de apoyo público al senador y jefe del Centro Democrático, en donde además de defender su honra y gestión, aseguran que sectores extremistas quieren presionar a la Corte Suprema a que falle en contra de Uribe.

Entre los firmantes están el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y el actual embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, quienes fueron minhacienda y vicepresidente en el mandato de Uribe. También firman el pronunciamiento los exministros Luis Guillermo Plata, Luis Ernesto Mejía, Sandra Suárez, Fabio Valencia, Jaime Bermudez, el exprocurador y hoy embajador Alejandro Ordóñez, el general Jorge Enrique Mora y los exmbajadores Ricardo Vélez y Gina Benedetti, entre otros.

En el pronunciamiento señalan que “el expresidente Álvaro Uribe ha tenido una larga vida pública en donde varias generaciones de colombianos hemos podido evaluar permanentemente cómo se comporta y cuál es forma de actuar. Nos consta, porque trabajamos con él, que es una persona que actúa con pulcritud, dentro del marco de la ley y con total respeto por hacia las instituciones”.

Dicen también que “rechazamos vehementemente el activismo nefasto de sectores históricamente opuestos al ideario del expresidente Uribe, con el que pretenden tergiversar los hechos convirtiendo a un hombre inocente en el responsable de conductas en las que jamás ha incurrido”.

Los firmantes indican que “hacemos un llamado a la serenidad y sensatez frente a la investigación que se está adelantando en contra del señor expresidente en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”.

En otro de los apartes sostienen que “observamos con preocupación cómo algunos de los sectores ejercen presión indebida frente a quienes les corresponde la inmensa responsabilidad de adoptar decisiones con base en el acervo probatorio y no con fundamento en las expresiones sesgadas que se difunden masivamente”.

Finalizan diciendo que “es preocupante, que su proceso judicial sea abordado desde dinámicas de linchamiento, prejuzgamiento o condenas anticipadas. La sociedad demanda un procedimiento transparente apegada a los tratados internacionales, la Constitución y las leyes. No podemos permitir que le cobren al expresidente la promoción de unas ideas y traten de sustraerlo de la actividad pública a través de presiones indebidas a la justicia, buscando derrotarlo por esa camino ante la imposibilidad de hacerlo democraticamente en las urnas”.