En el 2016 se presentó un conjunto de hechos históricos en todos los ámbitos, especialmente en el político, con el acuerdo de paz, y aunque el Gobierno Nacional tuvo que sortear varias dificultades, incluida la votación del plebiscito que el presidente Juan Manuel Santos promovió,  terminó bien el proceso que se inició con las Farc en La Habana, Cuba.

Terminó, claro, la etapa de negociación y ya se emprendió la implementación, que también tendrá sus momentos complejos, aunque con seguros gracias a la posibilidad que abrió la Corte Constitucional para que se pudiera hacer uso del procedimiento legislativo especial para la paz, conocido como ‘Fast Track’ o 'Vía Rápida'.

Seguros con miras a la reducción del tiempo necesario para el trámite de todas las normas y reformas que se necesitan para implementar los acuerdos, y sobre la condición de que cualquier modificación que se haga sobre las normativas deberá tener la aprobación del Ejecutivo.

Así pues, el 2017 parece que será un año sin mayores complicaciones, y en el que según el analista político John Mario González, “el Gobierno logre sacar lo grueso del acuerdo de paz. Probablemente haya alguna dificultad para sacar normas, sobretodo relacionadas con gasto público, que implica por ejemplo el punto uno del acuerdo, pero las reformas constitucionales y todo lo de carácter penal, parece que lo va a lograr”.

El próximo año, agrega González, también será un pulso entorno a quién llega a la Casa de Nariño por medio de las elecciones de 2018, y esto considerando principalmente que el gobierno del presidente Santos terminará sin ver la implementación total de todo lo acordado.

“Hay normas que el Gobierno no va a alcanzar a implementarlas de manera plena, me refiero a todo el punto uno o a todo el tema de sustitución de cultivos ilícitos, incluso todo el tema de participación política apenas lo vamos a comenzar a ver en las elecciones legislativas de marzo de 2018 y presidenciales. Pero lo grueso en el tema agrario, ese le va a tocar al próximo gobierno y ahí es posible que si llega alguien que haya sostenido una tesis contraria al presidente Santos, se reversen parte de los acuerdos de La Habana”, dice.

Los proyectos y actos legislativos que siguen 

Gracias al procedimiento legislativo especial, el 2016 terminará con la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto, que será fundamental para el ingreso de los miembros de las Farc a las zonas veredales y el inicio del trámite de los actos legislativos de la Jurisdicción Especial para la Paz: uno, el que la crea como tal, y otro, el tratamiento que se le dará a los agentes del Estado, que es una iniciativa que se presentó aparte.

De ahí seguirán el acto legislativo que permitirá modificar la Ley Quinta, que es la que plantea todo el reglamente del Congreso, para que en condición de congresistas, con voz pero sin derecho a votar, los representantes de la agrupación política 'Voces de Paz y Reconciliación' puedan participar en los debates, ya que por el momento lo han hecho como personas naturales y mediante la declaración de sesión informal en los debates.

Y por supuesto, será radicada la reforma que permitirá la participación política de los miembros de las Farc, una vez hayan entregado las armas.

El 2017 iniciaría con el trámite del proyecto que permitirá la creación de la Unidad para la Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, o de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, como lo han dicho las Farc, que ayudaría a dar respuesta sobre los asesinatos que se han producido en los últimos meses y que se presumen se han hecho por el proceso de paz.

En el acuerdo también se habla de la priorización de las leyes que se necesiten para establecer las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la paz, que deberán tener varios principios.  

“El sistema será adversarial y respetará el debido proceso y el principio de imparcialidad, contemplará la debida publicidad y garantizará el principio de contradicción en la valoración de la prueba y la defensa, así como la doble instancia”, dice el acuerdo.

A lo anterior, se suma el proyecto o acto legislativo que le dé paso a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición.

Está también la ley de tratamiento penal diferenciado para los delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos que no hacen parte de las organizaciones criminales, y en la que se incluirá un tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza con cargas familiares que tampoco hagan parte de esos grupos.

Y tendrán que tramitarse también todas las normas que se requieran para la implementación, especialmente lo que tiene que ver con la financiación, incluidas las iniciativas que permitirán hacer el Plan Cuatrienal de Implementación junto al Plan Plurianual de Inversiones, que será incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Estas serían las primeras temáticas que sobre versarían las iniciativas que se tramitarán en el próximo año, además de las que vaya priorizando el Gobierno Nacional para que se empiece a cumplir con puntos como la reforma rural integral.

Las facultades especiales del presidente

El Congreso no solo tendrá que estar pendiente del trámite de las reformas y proyectos de ley mencionados. En este nuevo año el presidente Juan Manuel Santos empezaría a hacer uso de las facultades especiales que le permiten expedir decretos con fuerza de ley, los cuales, solo se harán en función de la implementación de lo acordado con las Farc. Esos decretos, dicen congresistas como Carlos Fernando Motoa, el legislativo las podrá revisar.

“El Congreso de la República no pierde la facultad para modificar los decretos de ley que expida el gobierno en estos seis meses de facultad que le entregan el acto legislativo. Si el presidente expide un acto con fuerza de ley para reglamentar alguno de los temas del acuerdo y el Congreso considera que no es lo adecuado incluso puede modificarlo. Esa competencia no se pierde”, dice el senador y presidente de la Comisión Primera del Senado.

Las facultades surgen también del acto legislativo en el que se creó el procedimiento legislativo abreviado y en él se establece que serán por seis meses con las siguientes limitaciones: no podrá expedir reformas constitucionales, leyes estatutarias, orgánicas, códigos, o leyes que necesiten mayorías calificadas o absolutas para su aprobación, ni podrá decretar impuestos.

La dejación de armas

Y finalmente, seguirá el cronograma de la dejación de armas que este año terminaría con el ingreso de las FARC a las zonas de concentración el Día D+30, que se cumple al finalizar diciembre.

En los primeros dos meses de 2017 se cumpliría el D+90, en donde se terminaría con la entrega del 30 % de las armas; 30 días después se habría entregado otro 30 %, y el 40 % restante se entregaría en los siguientes 30 días. Al cumplirse en total 180 días terminarían las zonas veredales transitorias.

Según el cronograma, contando días calendario, y teniendo en cuenta que el Día D se dio el pasado 25 de noviembre, un día después de la firma del proceso de paz en el Teatro Colón, el Día D+30 se cumpliría de hecho este domingo 25 de diciembre y los 180 días se cumplirían aproximadamente en el mes de mayo.

Sin embargo, teniendo en cuenta que solo hasta la próxima semana se terminaría de aprobar la Ley de Amnistía, y que hay retrasos con la adecuación de las zonas, lo más probable es que el Día D+30 se aplace un poco y así todo el cronograma.

La finalización de las zonas veredales se estaría dando entonces a mitad de año, si se logra sortear los inconvenientes que se presenten. Este será, de hecho, uno de los más grandes retos del próximo año.