Estaba demandado por la aprobación de un acuerdo que modificó el recaudo del impuesto al alumbrado público.
Mantienen investidura del concejal César A. Torres
![El concejal conservador César Arbey Torres fue demandado por la aprobación del Acuerdo 023, en 2012. Archivo](https://www2.laopinion.com.co/sites/default/files/styles/640x370/public/2016/12/21/imagen/pol2.jpg)
Al igual que sus otros tres compañeros de corporación a quienes demandaron por la aprobación del Acuerdo 023, que modificó las formas de facturación y recaudo del impuesto al alumbrado público, en 2012, el concejal conservador César Arbey Torres también logró mantener su credencial como integrante del cabildo.
La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el fallo proferido a su favor en marzo de este año por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el que se negó la solicitud de pérdida de investidura elevada por Emilse Gamboa Mogollón contra Torres y otro grupo de concejales de la ciudad entre quienes estaban Víctor Suárez, Leonardo Jácome y Oliverio Castellanos.
A los dirigentes los habían demandado porque, al parecer, con la aprobación de esta iniciativa propiciaron una indebida destinación de dineros públicos, incurriendo en una violación a la Constitución, la ley y las resoluciones de la CREG.
No obstante, en el fallo de primera instancia, el Tribunal consideró que la demandante no aportó los elementos que demostraran que los concejales, efectivamente, incurrieron en una irregularidad.
Los magistrados recordaron que si bien en agosto de 2014, el mismo Tribunal había declarado la nulidad parcial del Acuerdo y más concretamente de las modificaciones a la facturación y recaudo del impuesto al alumbrado público, “en la misma no se hace alusión a que dicha declaratoria haya devenido como consecuencia de considerar que dicho acuerdo configuró, permitió o facilitó la indebida destinación de recursos públicos, o que con el mismo se cambiasen los fines del Estado”.
En la sentencia se advirtió que aunque el Concejo estaba extralimitándose en sus facultades, imponiendo a las empresas de servicios públicos, obligaciones que le correspondían directamente al municipio, “esto no significa que se configure la causal de pérdida de investidura señalada por la demandante”.
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