La tutela con la que el gobernador William Villamizar  logró reversar el fallo que decretó la pérdida de su investidura como concejal de Cúcuta  le despejó, igualmente, el camino a su antecesor Edgar Díaz

Contreras, quien también hizo parte de la corporación municipal para el periodo 2001-2003.

El Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia proferida el año pasado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la que se decretaba la muerte política de Díaz Contreras como concejal, por haber participado en la aprobación del Acuerdo 073 de 2002, con el que el Concejo creó, como factor salarial, la bonificación por servicios prestados, prima de servicios, subsidio de alimentación y el auxilio de transporte para los empleados del municipio.

Aunque todavía no se conocen los detalles del fallo que fue publicado ayer en la página web del Consejo de Estado, se infiere que la decisión que favorece al exgobernador está basada en la determinación que tomó la Sección Segunda del alto tribunal, en febrero pasado, a favor de Villamizar Laguado.

Como se recuerda, en esa oportunidad se resolvió amparar los derechos del mandatario al debido proceso, a la no autoincriminación, así como a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Lo anterior, por cuanto se encontraron dos defectos en el fallo de segunda instancia que había proferido la Sección Primera del mismo Consejo de Estado.

Uno de ellos fue el haber estimado configurada la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de recursos públicos, sobre la base de una declaración que el abogado defensor de Villamizar entregó durante el proceso y en la que se aceptaba que el dirigente participó y votó en la aprobación del Acuerdo 073.

De esta forma, los magistrados habrían validado la autoincriminación como una prueba para fallar en contra del entonces concejal, cuando esto está prohibido por la Constitución.

El otro aspecto en el que se presentó una irregularidad en el fallo de Villamizar, es que se dio por hecho y probado que el entonces concejal votó afirmativamente el proyecto de acuerdo, cuando en los hechos narrados durante las audiencias solo se hablaba de que el hoy gobernador participó y votó en la aprobación del acuerdo.

Esta misma situación se habría presentado en el caso de Edgar Díaz, por lo cual se pudo tomar como referencia la demanda del gobernador de Norte de Santander, para así revocar la sentencia y negar las pretensiones de la de Díaz.

Si bien el fallo de tutela se encuentra actualmente impugnado, el Consejo de Estado, como fue la orden, profirió en marzo una nueva sentencia al respecto, en la que dejó en firme la investidura de William Villamizar. 

Con base en esto, se habría seguido el mismo conducto con el exgobernador y precandidato al Senado.

Por estos mismos hechos, en el alto tribunal cursa una demanda contra el exdirector del IDS, Javier Orlando Prieto, la cual ya entró al despacho del magistrado Guillermo Vargas, para que sea proferido el fallo.