La incursión en política de las farc, si se logra un acuerdo definitivo en La Habana, conllevaría el trámite de una serie de iniciativas de ley, reformas constitucionales y reglamentaciones de las que hasta ahora no se ha dicho mucho, salvo la reforma electoral.

Una de las razones que desde hace más de tres años tiene a buena parte de la plana mayor de las Farc sentada en una mesa, frente a frente con el Gobierno Nacional, en busca de un acuerdo de paz, es su eventual incursión en  la escena política del país.

Así quedó consignado en la agenda de la negociación y fue uno de los primeros puntos en lograr el consenso de las dos partes.

Aunque todavía hay aspectos por concretar, el grueso de la propuesta que llevaría a Timochenko, Iván Márquez y otros de los principales jefes del grupo armado ilegal a hacer proselitismo político, sin armas, contempla “los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego del Acuerdo Final”.

Sin embargo, la sola firma del documento no llevará a que estos líderes insurgentes puedan regresar al país a hacer política de la noche a la mañana. Materializar esta iniciativa implicará que cada uno de los puntos quede revestido de una completa legalidad y puedan aplicarse sin reparo alguno, en una tarea que no será para nada fácil. 

O por lo menos esta es la conclusión a la que ha llegado la Misión de Observación Electoral (MOE), al hacer un análisis jurídico del acuerdo sobre participación política.

Según esta veeduría, para reglamentar lo pactado en este punto, el Congreso tendrá que darle trámite a ocho leyes estatutarias, siete decretos, seis acciones de voluntad política, cinco actos legislativos, cuatro leyes ordinarias y al menos una actuación administrativa.

Así, por ejemplo, de las 31 acciones que componen el acuerdo, el Legislativo tendrá que aprobar una reforma al Consejo Nacional Electoral (CNE), crear circunscripciones transitorias especiales de paz, desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de las agrupaciones políticas, del requisito de superación del umbral, crear nuevas reglas de juego para el reconocimiento de las minorías políticas y aprobar un régimen de transición que fortalezca a las organizaciones sociales y políticas, por medio de financiación y estímulos.

Entre tanto, para hacer posible un Estatuto de la Oposición, los senadores y representantes deberán aprobar una ley estatutaria que así lo establezca.

Esta misma figura tendrá que emplearse para fijar los mecanismos mediante los cuales se garantizará la participación política de los guerrilleros que se desmovilicen. 

Para la implementación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Gobierno tendría que presentar, al menos, tres leyes y un decreto reglamentario.

Y para evitar que la nueva configuración del mapa político colombiano, esté plagada de fraude, será necesaria, además de la voluntad política del Gobierno, la colaboración de las diversas entidades que hacen parte de la organización electoral.

De acuerdo con la MOE, 26 de las 31 acciones acordadas en La Habana sobre participación política podrían ser tramitadas en un semestre o periodo legislativo, ya que solo cinco implican cambios a la Constitución. 

*La Opinión