Las elecciones locales y regionales que tendrán lugar hoy en todo el país serán las primeras, en muchos años, que se cumplan sin tener a la violencia como su principal amenaza, sino que, por el contrario, son los delitos electorales, los que mantienen encendidas las alarmas desde hace varias semanas, especialmente por la compra de votos.

Los ‘lunares’ que han marcado estos nuevos comicios arrancan con la falta de claridad en la financiación de las campañas. La Corporación Transparencia por Colombia dejó en evidencia esta semana que más del 80% de los candidatos no han cumplido con la obligación de reportar los gastos en el sistema ‘Cuentas Claras’.

Dicho informe había sido advertido, igualmente, por la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación Paz y Reconciliación. Precisamente, el investigador Ariel Ávila recordó que en el análisis hecho es claro que los candidatos que más han incumplido con la entrega de las cuentas son los que están cercanos a los exparapolíticos o sus herederos.

Las zonas de influencia de los parapolíticos en su momento, la Región Caribe, Norte de Santander, Santander, parte de Antioquia, son justamente las zonas en las que estos organismos de observación han centrado su atención para los últimos días de la campaña.

El director de Paz y Reconciliación, León Valencia, advirtió, en entrevista reciente con Colprensa, que esa financiación ilegal también viene de las bandas criminales, que están actuando en gran parte del país, con un poder que aún no es determinado, pero que al igual que lo hicieron los paramilitares en su momento, ellos quieren cooptar poder político en estas regiones.

Un caso particular que se dio en estos días es el del candidato del Partido Conservador a la Gobernación del Putumayo, José Coral Vivas, a quien lo detuvo la Policía Nacional por estar vinculado al grupo ilegal denominado como la ‘Constru’. A este candidato también le habían procesado por delitos similares en 2011.

La compra de votos

La tradicional compra de votos, uno de los delitos más comunes que se comenten en elecciones, será otro de los ‘lunares’ que marcarán el proceso de hoy. La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), ha recogido en los últimos días cientos de denuncias de la ciudadanía sobre eventuales casos de compra de votos.

Se ha dicho que en esta oportunidad la compra de votos va entre $50.000 (el monto más bajo) y los $200.000.  Esta última cifra se paga por el “combo completo”, es decir, votar por gobernación, alcaldía y concejo.

Los organismos de vigilancia y las propias autoridades observan con especial atención posibles casos de compra de votos para las elecciones de gobernador en Sucre, Caquetá, Magdalena, Valle y Antioquia. En estas regiones se ha identificado que podría haber el llamado ‘matrimonio’ del candidato con los sectores ilegales, entre ellos el paramilitarismo.

La preocupación es tal que el Gobierno Nacional decidió crear una estrategia muy particular para los últimos días de la campaña. Invitó a los colombianos a que denuncien ante las autoridades a quienes están entregando esas millonarias sumas de dinero y, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien lo haga podrá recibir como recompensa hasta el cinco por ciento del dinero que sea retenido.

El constreñimiento

El constreñimiento al elector, que se constituye en aquella amenaza que se impone a un votante para que sufrague por un candidato en particular, también se ha evidenciado en los últimos días de la campaña. 

Un caso particular se dio en la capital del país, en donde funcionarios en propiedad o empleados que renunciaron recientemente a la administración distrital, han motivado a sus electores para que voten por Clara López, con el argumento de que los otros candidatos, en especial Enrique Peñalosa, acabarían con la política social de la izquierda y los subsidios que dio el actual alcalde Gustavo Petro.

Pero ese constreñimiento también ha venido de candidatos de Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Así sucede con el aspirante a la Gobernación del Cesar, Franco Ovalle, a quien lo han grabado en manifestaciones públicas diciendo que como él es amigo “del que maneja la chequera del Estado”, es decir el vicepresidente, sí podrá cumplirle al departamento.

La trashumancia

Si bien el fantasma de la trashumancia fue contra el que más se luchó en estas elecciones, pareciera ser, como dice el adagio popular, que el remedio resultó peor que la enfermedad. 

Hace 20 días el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó que luego de tres meses de arduo trabajo logró la anulación de la inscripción de cerca de 1,6 millones de cédulas que se movieron de una ciudad a otra para beneficiar a esas mafias que están detrás de la democracia.

Sin embargo, los magistrados no previeron problemas como el registrado en Bogotá, en donde anularon por lo menos 70.000 de esas inscripciones sin tener en cuenta que ese tipo de medidas en la capital del país no aplica, porque la posibilidad de que un elector vote en cualquiera de las localidades es posible.

Sumado a lo anterior, el CNE tuvo que enfrentar otra serie de reclamaciones por la anulación de cédulas, de personas que reclamaron que su sitio de residencia es en donde registraron el documento, motivo por el cual no hay razón legal para que les impidan votar en la ciudad donde viven.

En la noche del jueves y en medio de una ‘tutelatón’ que, según se dice de manera extraoficial, ha sido liderada por los candidatos afectados con la anulación de esas inscripciones, el CNE echó para atrás resoluciones en varias partes del país y volvió a legalizar 259.000 inscripciones.