Para muchos era el cumplimiento de la palabra empeñada con una guerrilla que decidió deponer las armas a cambio de someterse a una justicia transicional, para otros, la estrategia con la cual hacer trizas los acuerdos de paz con las Farc.

Así, en esos términos, quedó servida la nueva discusión a la que se enfrenta el país, tras la decisión del presidente de la República, Iván Duque, de no sancionar la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, en su lugar, devolver seis artículos al Congreso para que sufran algunas modificaciones.

Aunque las opiniones entre los expertos, respecto de la pertinencia o no de la decisión asumida por el jefe de Estado, están divididas, lo cierto es que en el Congreso se abrirá camino, a partir de la próxima semana, un amplio debate no solo sobre los reparos a la ley estatutaria, sino la reforma adicional que anunció Duque  para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017.

Para la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Juanita Goebertus, algunos de los temas que expone el presidente son discusiones que ya fueron superadas y cerradas por la Corte Constitucional.

“La implementación de los acuerdos es una política de Estado que debe cumplirse de buena fe durante los próximos tres gobiernos”, sostuvo, al tiempo que insistió en que el Congreso no tiene competencia para pronunciarse sobre objeciones que ya fueron resueltas.

En este mismo sentido, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, explicó que las propuestas para reformar actos legislativos como el 01 de 2017 es inconstitucional, pues se violaría el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. “Mucho menos se puede modificar el acuerdo de paz, pues se suscribió con las Farc y ese movimiento guerrillero jurídicamente no existe”. 

Una opinión contraria  tiene el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, quien considera que no existen normas que no puedan entrar a revisión o que no puedan ser modificadas, como se sugiere desde algunos sectores.

El propio Gobierno ha dicho que el jefe de Estado sí tiene la potestad de objetar por inconveniencia una norma y basa su argumento en una sentencia de la Corte Constitucional (C- 634 de 2015), que señaló que “el presidente de la República tiene la posibilidad de objetar por inconveniencia un Proyecto de Ley Estatutaria, aún si la Corte ya realizó el estudio de constitucionalidad del texto normativo”

Sigue funcionando, pero hay zozobra

A pesar del parte de tranquilidad que el mismo domingo en la noche, cuando se conoció la decisión del Gobierno sobre la ley estatutaria, entregó la presidenta de la JEP, Patricia Linares, sobre el funcionamiento de este organismo, es cierto que también hay preocupación por lo que viene y por la inestabilidad que se pueda generar.

El general (r) Henry Medina Uribe consideró que si bien el presidente está en su derecho de objetar, esta acción socava “todo lo que ha pasado en los últimos días, que es muy complejo para la salud de los acuerdos de paz”.

Para el oficial retirado, no hay duda de que la comunidad internacional tomará dicha acción como algo negativo.

Por su parte, el abogado Mauricio Pava cree que la JEP se enfrenta jurídicamente, “al respeto y al uso por los precedentes en materia de justicia”, que no es otra cosa que propiciar los hechos de reconciliación y tratamiento igualitario para todos los partícipes del conflicto, entre ellos militares, exsubversivos, agentes no combatientes y terceros.

A juicio del penalista, es la única manera en que la JEP no se “marchitará” en relación a sus acciones y decisiones concretas.

En qué va la JEP

A propósito de la incertidumbre en que quedó la Jurisdicción Especial para la Paz, la presidenta de ese organismo entregó algunas cifras del avance que ha tenido esa justicia transicional hasta el momento:

9.691 excombatientes de las Farc y 1.958 miembros de la Fuerza Pública suscribieron actas de compromiso.

39 personas como agentes del Estado, diferentes a la Fuerza Pública, también se acogieron a la JEP.

Entre abril de 2017 y febrero de 2019, al menos 1.051 miembros de la Fuerza Pública han recibido algún beneficio.

Un  19% de los  uniformados obtuvo la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento.

Un 12,3% de los militares y policías privados de la libertad, fue llevado a unidades militares.