Muchas son las posturas y críticas frente a los acuerdos de La Habana (Cuba) entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, que se han convertido en el acuerdo definitivo de fin del conflicto armado. Algunos sectores los reciben con reservas, otros con optimismo y varios los rechazan tajantemente.

Si bien es cierto con este paso no se alcanzará la paz absoluta, el acuerdo tiene la bondad de que sí silenciará las armas de un sector armado importante. Pero queda la preocupación por otros, como el Eln y las bandas de crimen organizadas, que quedarán atrincherados.

Esa presencia, más otras amenazas hacen que lo que viene en el corto y en el mediano plazo sea mucho más complejo y de mayor cuidado, pues acciones que puedan acometer esos grupos criminales y hasta adversarios políticos de lo firmado, pueden acabar con el acuerdo, poco tiempo después de alumbrado.

La inseguridad y los posibles actos contra la integridad de los desmovilizados, los ataques políticos y las acciones desde la institucionalidad, además de la indiferencia de la sociedad son básicamente los riesgos que podrían echar al traste lo avanzado.

Saboteadores de la paz

Para el director del Centro de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, la consolidación del proceso tardará al menos una década, siendo los primeros tres años el momento de mayor cuidado por las acciones violentas y políticas que se quieran acometer.

Entre los enemigos del posacuerdo están los llamados “saboteadores de la paz”, quienes, según Villarraga, se presentan en cualquier lugar del planeta donde se den procesos como el que vive Colombia.

¿Pero cuáles serían los sectores de los que podrían provenir ataques, y sobre los cuales se configura un reto para las autoridades?

Según Villarraga unos mantienen una dinámica paramilitar, sectores radicalizados contra el proceso; otros vendrán desde la política.

“En este último caso la oposición no sería por la vía de atentados, sino por lo institucional, con acciones legales y legítimas”, dice el director del Centro de Memoria Histórica para quien otro riesgo lo marca la posibilidad de que los desmovilizados no puedan hacer política debido a normas o fallos judiciales. A lo anterior se añaden las omisiones o incumplimientos desde el Gobierno Nacional, entendidos estos como otro pilar de riesgo por falta de coherencia con el objetivo de la paz.

Nuevos Gobiernos

“Una paz sostenible necesita poner cara a cara al Estado y a la sociedad con la paz”, dice Villarraga y señala que a la hora de elegir a un nuevo mandatario, la sociedad debe tener presente su programa de Gobierno, para saber si mantiene los acuerdos alcanzados. “Los pactos de paz merecen un programa coherente con ella”, agrega. Es claro que su construcción no depende sólo de lo que se firme en La Habana, sino que requiere desarrollos y políticas que se hagan realidad y que toquen la base de la sociedad.

Para el director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia; los riesgos para el posconflicto serán principalmente las bandas criminales que en distintas partes del país querrán ocupar los espacios que dejan las Farc.

Pero este no será el único dolor de cabeza para el Estado. A esa problemática se suman -en criterio de Valencia- las acciones del Eln, aún en conflicto. “La historia ha mostrado que los actores que se mantienen en armas tras un proceso de paz arremeten contra quienes se desmovilizaron”.

En otra vía se ubican los riesgos que pueden generarse desde sectores que se han visto afectados en el pasado por la guerrilla. Muchos inclusive provendrán del Estado y de las fuerzas militares, según los analistas.

En el costado político también se presentarán inconvenientes y hace referencia al Congreso de la República (uribismo, sectores del conservatismo) y a organismos de control como la Procuraduría. “Desde estas trincheras se podrían emprender investigaciones y acciones contra quienes, tras la firma del acuerdo, puedan ser disciplinados”, dice Valencia.

Reciclaje de actores armados

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac) considera que los riesgos son muchos, debido a la transformación de la violencia, que hará que se presente un sinnúmero de amenazas que podrían venir del “reciclaje” de los actores armados en grupos no desmovilizados. “Este tipo de acciones no reinician el conflicto, pero incrementan la inseguridad”, dice Restrepo.

La referencia tiene una razón de ser, y es precisamente la historia que conoció Colombia entre 1984 y 1985 durante el proceso de paz que adelantó el Gobierno de Belisario Betancourt con las FARC, y que terminó por descarrilar un proceso que ya estaba en la fase de tregua bilateral.

Por esto el Estado deberá tener presente qué hacer con la criminalidad organizada que querrá cometer actos terroristas o magnicidios para poner un palo en la rueda del proceso.

Un aspecto que no se debe desestimar es el político, entendido como las acciones que se deben dar en cuanto a la implementación de los acuerdos a través de trámites constitucionales y legales.

“Si esos acuerdos no son completos, sostenibles y duraderos, el conflicto se puede reiniciar o generar nuevas formas de violencia”, dice Restrepo, quien a diferencia de Valencia y Villarraga le resta la fuerza a lo que desde el uribismo se pueda hacer contra lo acordado. “Ellos no tendrán mayor relevancia”, dice el director de Cerac, aunque realza las acciones que desde la vía judicial se puedan emprender en la Procuraduría o en otros escenarios, con el fin de bloquear los acuerdos.

Estas diferencias y coincidencias entre analistas confluyen sin distinción en que procesos como los que se han vivido en Colombia, en los 90, se consolidaron 10 años después, por lo cual, el llamado es a la paciencia y a la persistencia.

Colprensa