Con un sabor ‘agridulce’ fue aprobado en la plenaria del Senado, en último debate este lunes, el proyecto de ley que impone nuevas y severas medidas para quienes estén incursos en actos de corrupción, esto porque ahora la norma deberá surtir un paso complejo en la conciliación con la Cámara de Representantes.

Con lo aprobado en la plenaria del Senado se dio paso a que los corruptos, cualquiera que sea, no puedan volver a pagar su condena en la casa como sucede hoy, y tampoco estar en una estación de Policía o batallón, en el caso de los altos servidores públicos.

Igualmente, a  los funcionarios que filtren información se les duplicó la condena de 4 a 8 años, más no se limita la libertad de prensa a los periodistas, en el sentido que no deberán revelar sus fuentes de información. También se aprobó que se pone fin a los acuerdos interadministrativos, que era una de las formas de mayor corrupción al interior de la administración pública.

Sin embargo, la suerte legislativa de este proyecto, que recogió normas de la consulta anticorrupción, no alcanzaría a ser conciliada, porque las sesiones ordinarias cierran el jueves y en esa instancia habría un problema en la Cámara, por los impedimentos que presentarían los representantes.

La razón es que esta ley cambió notoriamente en el Senado a como se votó en la Cámara el año pasado, cuando además el proyecto lo votó la Cámara de Representantes anterior y ahora la conforman unos congresistas que no la discutieron, eso llevará a que haya, como literalmente se dice, una ‘feria de impedimentos’.

En tal sentido se pronunció la senador de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien indicó que “la estrategia de dilatar, dilatar y dilatar, llevó a que el proyecto esté prácticamente hundido”.

Lozano, quien fue una de las promotoras de la Consulta Anticorrupción, indicó además que “la buena noticia es que se aprobó el proyecto, la mala noticia es que se aprobó muy tarde en el Senado, porque quedan sólo tres días, es una maratón contra el tiempo para que la Cámara logre la conciliación, es decir este proyecto ya cumple dos años, lo aprobó la Cámara anterior, ahora les llega como proyecto nuevo y tienen que votar los impedimentos, para que se hagan una idea, en el Senado se votaron 70 impedimentos de 106 integrantes, cuántos habrá en la Cámara en donde sus integrantes son 172”.

Incluso sostuvo que “doy por hundido este proyecto, es de los más ambiciosos, que quita los privilegios de casa por cárcel a los que cometen delitos, pero la práctica dilatoria fue eficaz, eso hace que la Cámara lo recibe a punto de morir”.

El ponente Germán Varón, se mostró confiado en que la conciliación se logré el jueves con la Cámara, y recordó que la ley dispone eliminar la casa por cárcel: “un servidor público que cometa un delito indicado en la ley deberá pagar cárcel y no en casa, además se acaban aquellos sitios que no corresponden a instalaciones del Inpec, como batallones o estaciones de policía”.

Varón indicó que se incrementan las penas concusión, cohecho y prevaricato, de tal manera que en el caso que se solicite la máxima pena y si la persona se allana a cargos no pasará lo de ahora que le bajan la pena.
El senador y presidente del Partido Mira, Carlos Eduardo Guevara, señaló que lo más importante es que ahora están las normas para que se recupere la plata que le roban los corruptos al Estado.

El senador liberal Luis Fernando Velasco indicó que “de alguna manera con esta ley se eliminan esos convenios interadministrativos que algunas entidades usan para evadir las licitaciones y eso es importante”.

Frente a la ley igualmente habló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien sostuvo que “dentro de esta iniciativa, que terminó recogiendo proposiciones de todos los partidos políticos, tanto en Cámara como en Senado, pudimos sacar adelante algunas de las iniciativas de la mesa anticorrupción”.

Resaltó, por ejemplo, uno de los artículos más importantes tiene que ver con que este proyecto de ley establece que no se le otorgará el beneficio de casa por cárcel a quienes cometan delitos que afecten el patrimonio del Estado y la administración pública.

Por su parte, el fiscal general encargado, Fabio Espítia, sostuvo que “falta sólo la conciliación, pensamos que debe ser algo sumamente rápido y se ha logrado estructurar un conjunto normativo que nos sirve para reprimir fuertemente la corrupción administrativa”.

Explicó que en esta ley “es fundamentalmente que la persona que está condenada por un delito contra la administración pública no tenga la posibilidad de prisión domiciliaria”.